En los últimos treinta a cuarenta años, hemos visto en todas las campañas electorales la aplicación maquiavélica de una política ajena a la moral, donde el interés por alcanzar el poder, justifica cualquier vía de acceso, principios devastadores y muy ajenos a los de la democracia.

En este marco, la lucha por el poder no es ya para beneficiar al pueblo entero objeto de las representaciones, y se convierte en un espacio de guerra desmoralizada donde se apela a una pasión desmedida en discursos agresivos, cada vez más descompuestos, que revelan atrocidades de unos y otros candidatos, admiten presiones, intercambian valores financieros y confunden a los adversarios como verdaderos enemigos.

Como resultado, un pueblo desorientado que, en lugar de guiarse por ideas de construcción -o mejor dicho re-construcción democrática- con el análisis, la razón crítica sopesada, con respeto y en el mejor de los intereses sociales, va cayendo con perplejidad y aturdimiento, en la indefensión aprendida.

Esta es la reflexión sugerida en primer lugar a los tres poderes de la nación, ejecutivo, legislativo y judicial, encargados de preservar el fin último de la política, que no es la conquista del poder, sino la búsqueda del bien común, donde el solo medio de ejecución, debe estar regulado por el derecho y el respeto a la dignidad humana de la ciudadanía.

El mensaje de hoy, es para quienes tienen la facultad de hacer las leyes dentro de estos poderes y en proceso, reformas importantes de los códigos dominicanos, para lo que la doble posición de políticos militantes de una práctica agotada de doble moral y de legisladores/as, les obliga a elegir: o casarse con el pueblo y la gloria, rompiendo la nefasta práctica de Maquiavelo, o sucumbir a la tradición malsana de estos últimos treinta o cuarenta años.

A legisladores y legisladoras actuales, con el protagonismo de cambiar las leyes comunes y constitucionalizarlas, no les será fácil separarse de los intereses electorales por la presión ejercida desde sus partidos y desde otras áreas del poder fáctico nacional, con lo que corromperán los resultados de una normativa que ha de ser imparcial y para toda la ciudadanía.

Como el Congreso no cambiará en los próximos cuatro años, a este es que le tocará hacer la diferencia, lo que solo logrará si espera a que se concluyan las elecciones para seguir la modificación de los códigos dominicanos. Un compás de espera por la imparcialidad que lograría restablecer la confianza de la sociedad con la política y devolver un poco las esperanzas de la ciudadanía más vulnerable.

El Congreso así, actuaría sin presión mediática, con conciencia, sentido de responsabilidad social y sensibilidad primarían en sus decisiones. ¡Un Congreso así, haría la diferencia!