El alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, abogó este miércoles porque se establezca un consenso entre el Concejo de ese cabildo y el Ministerio de Turismo en torno al proyecto de modificación de la estructura de las ruinas del Monasterio San Francisco. Salcedo se refirió a la ordenanza del Concejo que prohíbe cualquier actividad o intervención que modifique la actual estructura de ese monasterio, y dijo que lo que en el fondo persigue el Concejo es que el proyecto sea debidamente consensuado.
“Lo de la prohibición es una posición del Concejo, no necesariamente de la administración. Obviamente esto lo veo como una preocupación de nuestro Concejo, que en el fondo lo que desea es que este proyecto sea debidamente consensuado”, comentó Salcedo, entrevistado por los periodistas Esteban Delgado y Eddy Febles, en el programa El Despertador.
Declaró que ha conversado con los regidores y que estos le han dicho que lo que desean es que le presenten el proyecto para luego emitir una opinión.
Mediante resolución, el Concejo del Ayuntamiento del Distrito Nacional acogió la propuesta que ordena la suspensión de cualquier actividad o intervención que modifique la actual estructura de las ruinas de San Francisco como fue anunciada por el Ministerio de Turismo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Fundamentaron la acogida al entender que la intervención carece de la opinión y la ponderación de los organismos internacionales que regulan los monumentos patrimonios de la humanidad, de la consulta ciudadana y los permisos municipales, por lo que le otorgaron poder al alcalde Roberto Salcedo para que interponga la acción de amparo preventivo que impida el cambio de la estructura de ese patrimonio de la humanidad.
Asimismo, el Concejo del Distrito Nacional, en su decisión señala como violatorio a la Constitución y a las leyes la licitación pública y la adjudicación realizada por el Ministerio de Turismo, para modificar las ruinas de San Francisco, en razón de que el artículo 199 de la Constitución establece que el uso de suelo es una competencia de los ayuntamientos y la ley 6232/63 de planificación urbana dispone que las oficinas de planificación urbana son las encargadas de la emisión previa revisión y declaración de conformidad con las leyes vigentes.
