Sin un sistema judicial más competente o, si se quiere, eficiente, será muy difícil que la batalla contra la corrupción tenga éxito. No se trata de satisfacer el morbo alimentado por pasiones, sino de que fiscales y jueces cumplan con la misión de perseguir y juzgar los delitos con apego única y exclusivamente a las leyes. O al Derecho. Desde el bochorno de Odebrecht, propio de una antología de la desvergüenza, la justicia ha dejado mucho que desear con casos de distintas envergaduras.

Por venderse como neurocirujana (a lo mejor con los conocimientos, pero sin el título ni siquiera de una de las universidades donde el documento puede adquirirse sin mayores esfuerzos) Elizabeth Silverio fue condenada a 7 años de prisión. En un país donde se miente a diestra y siniestra y los impostores abundan al por mayor y detalle con Elizabeth la justicia no tuvo siquiera compasión. Lo llamativo es que la pena que se le impuso es la misma que al empresario Alexis Medina, acusado de defraudar al Estado con más de 5 mil millones de pesos.

Pero en el caso de Medina hay un detalle que en modo alguno puede pasar inadvertido. Se trata de que entre los delitos por los que se le condenó figura el soborno. Sin embargo, como ocurrió con el caso Odebrecht, los sobornados no fueron identificados. Y para más intriga los funcionarios inculpados junto a Alexis, entre los que figura una hermana suya, fueron absueltos por insuficiencia de pruebas.

Los jueces trataron de lavarse las manos apelando a la comprensión, o la compasión, al explicar el esfuerzo que tuvieron que realizar para analizar expedientes voluminosísimos, pero vacíos, presentados por el Ministerio Público. (En el ruidoso proceso de investigación todavía resuena el eco de la afirmación de la entonces directora de la Pepca y hoy procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, de que en el caso Antipulpo había involucrada gente de más nivel o cuando le dijo al exdirector de Fonper, Fernando Rosa, que de él se ocuparía ella porque los dos eran de Santiago. Pero al caso es que con la sentencia queda en el aire la interrogante de si no había sobornados cómo se pudo condenar por ese delito.

El acuerdo de lenidad con Maxi Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, puede ser un golpe de efecto que bien necesita el Ministerio Público para levantar su imagen. Si Montilla no aporta pruebas se estaría ante otro fiasco.

Como es obvio que con la actual estructura judicial no se avanzará con la eficiencia y rapidez que ameritan las circunstancias, como ha ocurrido en Colombia o Perú, las esperanzas de que prospere la batalla contra la corrupción y otros delitos son cada vez más remotas.