El debate en torno a una ley de partidos no debería convertirse en piñata por la supremacía de intereses partidarios, porque se infligiría un daño severo a la democracia política y sembraría el germen de incertidumbre en todo lo relacionado con el ejercicio del Poder.

Se recibe como buen augurio el envío de varios proyectos sobre un estatuto ideal que sirva de marco en las relaciones de los partidos a lo interno, entre sí, con los poderes públicos y con la sociedad, pero persiste la preocupación de que tan pertinente discusión se convierta en diálogo de sordos.

El Partido de la Liberación (PLD), que por mucho tiempo rehusó involucrarse en el tema, ha enviado al Congreso un proyecto de ley, que obraría como epicentro del debate, en razón de que esa organización ostenta mayoría relativa en ambas cámaras.

Organizaciones de la sociedad civil centran su atención en la necesidad de votar una ley que controle los recursos que ingresan a los partidos por vía del Estado o de contribuyentes y que asegure vías modélicas de garantía de igualdad entre colectivos o personas que compiten en torneos electorales.

Organizaciones partidarias procuran salvar esa ley en su amplio espectro de autonomía con respecto a poderes públicos y grupos de presión, que incluye el libre albedrío en la captación de contribuciones y el uso a discreción de fondos públicos.

El otro aspecto que impediría el discurrir de una sana discusión en torno a la ley de partidos parece ser la coalición del interés que albergan sectores políticos, económicos y sociales de poder desalojar del poder al PLD, mientras la dirigencia de esa organización procura garantizar hegemonía mediante ese estatuto.

La democracia dominicana requiere de una ley de partidos que garantice igualdad, transparencia y sanidad al interior de esos entes, antes, durante y después de las elecciones, así como en su dinámica interna de escogencia de autoridades y candidatos.

Lo prudente sería que la comisión que estudia todas las propuestas auspicie un diálogo profundo y fecundo que arroje el tipo de solución equidistante ante intereses extremos, que produzca una ley que fortaleza el régimen de derecho, la equidad en los procesos electorales, la transparencia y el valor del voto.