En diciembre del 2016 se destapó en Brasil el escándalo de lo que había hecho Odebrecht en varios países de América Latina y África para obtener privilegios de gobiernos y funcionarios, mediante sobornos. El caso adquirió relieves políticos por las implicaciones de gobernantes, expresidentes, senadores, diputados, lobistas y partidos.
Para enero del 2017 el caso estremeció a la República Dominicana y un comunicador sugirió a la ciudadanía expresarse contra la empresa y su práctica corrupta, así como contra el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD), que actuaba en contubernio con la misma permitiendo que ésta dirigiera desde el Palacio Nacional sus “operaciones estructuradas” que manejaba los recursos para sobornos internacionales; y contra por las respuestas desdeñosas del gobernante que negaba sarcásticamente que hubiese corrupción en el gobierno.
Unos activistas del Movimiento Social hicieron suya la iniciativa, convocaron a varias entidades populares y acordaron movilizar la ciudadanía contra la corrupción que venía siendo denunciada por décadas por sectores contestatarios que clamaban por el cese de la corrupción, castigo a los culpables y fin de la impunidad. El Movimiento Social se activó.
Los convocantes acordaron la logística para que nadie capitalizara políticamente los encuentros ciudadanos que planificaron. Unificaron pareceres y convocaron para marchar el 26 de enero de 2017 desde la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez hasta el Parque Independencia. A la convocatoria se sumaron las iglesias, católica y protestantes, los partidos de izquierda, los gremios y sindicatos, así como representantes de la vida artística, profesionales y personalidades. La Marcha Contra la Corrupción estuvo bien organizada, fue pacífica, contó con la asistencia de cientos de miles de ciudadanos de todas las clases sociales del país, los carteles mostraron que el repudio a las prácticas depredadoras de los recursos de la nación desde el Estado, era un sentir generalizado en la ciudadanía. Al final se leyó un documento que sintetizaba las demandas. Esa primera actividad estremeció al país, pues nadie sospechaba que el sentir popular identificaba y focalizaba la práctica sempiterna de la corrupción como un mal estructural.
El gran protagonista fue el pueblo que se integró de más en más a las marchas posteriores en Santiago, San Francisco, Barahona, Puerto Plata y otras ciudades; a las visitas barriales, tertulias y asambleas que siguieron a la primera convocatoria.
La marcha sorprendió hasta los convocantes, estremeció las conciencias dormidas, fue éxito cívico para los políticamente más activos, puso en jaque al gobierno que negaba que hubiese corrupción en el Estado que administraba y activó a periodistas de a tanto por cuartillas, a negar e intentar ridiculizar el evento cívico más significativo que ha tenido el país en lo que va el siglo XXI. Marcó pues un antes y después.
El color verde se hizo dominante en la primera actividad por lo que este movimiento pasó a llamarse Marcha Verde. Se coordinaron muchas otras actividades en el interior del país. Las protestas despertaron a la nación que aparentaba estar en anomía, como mentís a esto la ciudadanía se integró con las más variadas expresiones de creatividad populares; “cárcel a los corruptos y fin la impunidad”, se convirtió en consigna nacional; carteles, música, coreografías y volantes contra las prácticas de acumulación de capitales vía despojo a la ciudadanía, que desde los tiempos coloniales caracterizaban las distintas administraciones gubernamentales y que se redimensionaron en los períodos la del P.L.D, era repudiada mediante la presencia masiva de personas de todos los grupos etarios.
Marcha Verde concitó la simpatía militante de la diáspora dominicana en Italia, España, Puerto Rico, New York, Boston, Miami, entre otras ciudades y devino en el Movimiento Social más trascendente desde la caída de la dictadura en 1961, pues tuvo un crecimiento sostenido por la articulación producida entre consigna aglutinante, correcta dirección y praxis política anti-hegemónica, tal como ha sucedido con anterioridad cuando el pueblo se percibe bien dirigido.
Tras el ajusticiamiento de Trujillo en mayo de 1961, el Movimiento Social se empleó a fondo para desterrar el trujillismo. Entre 1961 y 1965 amplios sectores de la vida política articularon un Bloque Popular espontáneo contra el golpe de Estado oligárquico dado contra el programa de gobierno que desarrollaba Bosch. Ese accionar popular también produjo los clubes culturares barriales, huelgas, movilizaciones y creó las condiciones para el surgimiento de agrupaciones estudiantiles y profesionales, la creación de sindicatos y pactos colectivos de trabajo y se articuló al movimiento constitucionalista liderado por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez que culminó en abril de 1965 en la guerra patria.
El Movimiento Social y político liderada por José Francisco Peña Gómez enfrentó la contrarrevolución triunfante desde 1966 hasta 1978. Para 1969 la Federación de Estudiante Dominicanos (FED) orientó el despertar de la ciudadanía en pro de un justo presupuesto para la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), viabilizada por los grupos: Bloque Revolucionario Universitario Cristiano (BRUC), Fragua, Comité Universitario Julio Antonio Mella (Cujam), Frente Universitario Socialista Democrático (FUSD) y FEFLAS, esa jornada se saldó con un nuevo presupuesto para la UASD, vale decir, con otra victoria para los sectores populares.
La juventud dominicana creó cientos de clubes deportivos y culturales en toda la geografía nacional como respuesta a la despolitización como estrategia oficial del período balaguerista y reafirmación de la cultura nacional. Para 1974 hizo historia la jornada de “Siete Días con el Pueblo” organizada por jóvenes de diferentes parcelas políticas y culturales.
Entre 1992-1994 el sector magisterial liderado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), las instituciones eclesiásticas y los académicos, coordinado desde la Secretaría de Educación, discutieron, consensuaron y aprobaron el Plan Decenal, que dio un giro al derrotero que llevaba la educación pública. Sectores del Plan Decenal no cejaron en sus reclamos y entre 2009 y 2012 articularon otra gran movilización nacional por la asignación del 4% del Producto Interno Bruto a la educación y ese reclamo, bien organizado y mejor dirigido por el grupo Educación Digna se coronó exitoso en 2012.
De manera que los convocantes de Marcha Verde, teniendo en cuenta las experiencias victoriosas de las jornadas arriba señaladas y otras, como la lucha contra una cementera en Los Haitises y la defensa a Loma Miranda, retomaron esos ejemplos e impulsaron La Marcha del Millón, que bajo las mismas consignas de cese de la corrupción y fin de la impunidad quedó registrado como el más emblemático evento cívico de la historia nacional reciente; el pueblo respondió al llamado de ciudadanos diligentes que le convocaron, orientaron y movilizaron contra la práctica de depredación de los recursos públicos por una camarilla política.
El accionar de Marcha Verde marcó un punto de inflexión de la vida nacional, no solo actuó contra el gobierno del PLD, sino que despertó una vigilancia nacional a las actuaciones de los funcionarios públicos para que enmarquen sus comportamientos a lo establecido en la Constitución y las leyes. Ese fenómeno histórico-social luego se expresó en las elecciones nacionales del 5 de julio del 2020 y se inscribe en la larga tradición de lucha del Movimiento Social Nacional, despertando arraigada vigilancia ciudadana a las conductas oficiales, de los partidos y sobre quienes manejan recursos públicos. En este aniversario, el mejor homenaje es profundizar el estudio de sus múltiples enseñanzas.
Por: Dantes Ortiz Núñez