En representación de ANJE, participaron en las vistas públicas Boris De León, vicesecretario de la Junta Directiva y co-coordinador de la Comisión de Justicia y Legislación, y Crystal Fiallo Scanlon, directora ejecutiva.
Santo Domingo.– La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) instó a los diputados a actualizar la normativa de alquileres, vigente desde hace más de 40 años, por considerarla desfasada frente a las necesidades actuales del mercado inmobiliario.
En representación de ANJE, participaron en las vistas públicas Boris De León, vicesecretario de la Junta Directiva y co-coordinador de la Comisión de Justicia y Legislación, y Crystal Fiallo Scanlon, directora ejecutiva.
Durante su intervención y a través de la Matriz de Comentarios depositada ante la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley, los representantes de ANJE destacaron la necesidad de estimular el desarrollo del sector y aumentar la oferta de inmuebles en alquiler.
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Subrayaron, además, que este proceso debe estar guiado por el mandato constitucional de fomentar la iniciativa privada y facilitar el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada.
“La propiedad privada, cuando se coloca en alquiler, se hace en una situación de riesgo”, expresó Boris De León, quien añadió que para incentivar la inversión y ampliar la oferta de viviendas en renta, es fundamental garantizar una tutela judicial efectiva y oportuna ante los conflictos entre inquilinos y propietarios.
“Estos procesos deben resolverse en un plazo no mayor de seis meses, permitiendo también el uso de cláusulas arbitrales”, afirmó.
Por su parte, Crystal Fiallo dio lectura al documento presentado por la entidad, donde se propone, entre otros puntos, que los topes de reajuste de precios solo se apliquen en ausencia de estipulación contractual, y que las sentencias de primer grado sean ejecutables de forma inmediata en los casos de falta de pago o finalización del contrato.
Respecto a los depósitos y garantías, ANJE recomendó eliminar el tope de dos meses en los contratos comerciales y crear un fondo de garantía administrado por una entidad financiera.
Este fondo generaría intereses a favor del inquilino y permitiría, en los casos que aplique, la devolución parcial o total al finalizar el contrato de alquiler.
