Cuando en una nación libre, democrática y participativa se contrapone un interés coyuntural o particular a una causa trascendente y de alcance nacional, el buen juicio, la sensatez y una amplitud de miras deben imponerse, dejando atrás visiones angostas.

Ese es el enfoque que en este momento diferentes sectores de la vida nacional están pidiendo para evitar una catástrofe económica y financiera si se aprueba el proyecto de ley mediante el cual se pretende entregar el 30% de los fondos de las AFPs a los afiliados de la Seguridad Social suspendidos durante la pandemia del coronavirus.

Además del daño estructural que se haría a los fondos de pensiones y consecuentemente al derecho de los trabajadores a un retiro seguro al final de su vida laboral activa, son múltiples los efectos negativos que provocaría aprobar un proyecto que se trata de imponer sin consulta ni consenso con los sectores involucrados.

La opinión sobre el tema del gobernador del Banco Centra, Héctor Valdez Albizu, llama a una profunda reflexión, al considerar desafortunada e improcedente esta propuesta legislativa, ya que habría que disponer de más de RD$173,000 millones para devolver en efectivo a los afiliados, lo que implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto al nivel actual.

El serio trastorno a la economía nacional tendría una repercusión aún mayor, ya que según Valdez Albizu, generaría un exceso de demanda de bienes y servicios que, en la coyuntura actual, con una producción ralentizada por la pandemia, desataría altos niveles de inflación, que sería prácticamente imposible de contener.

No hay que ser un experto en materia económica para advertir que en ese indeseado escenario de hiperinflación, se reduciría el poder adquisitivo de las personas, deteriorando el valor de sus ingresos y ahorros, y por ende su capacidad de consumo, lo que a su vez afectaría de manera más perniciosa a los hogares vulnerables y de menores ingresos e incrementaría los niveles de pobreza.

Ante este ominoso panorama, el Senado tiene una gran responsabilidad en sus manos y el compromiso de evitar que una crisis sanitaria de carácter transitorio se convierta en una crisis económica y financiera más permanente que requeriría años revertir. La razón y la visión de nación tienen que imponerse.

Como líder y orientador del PLD y de sus bloques de legisladores y sin menoscabo alguno de la prerrogativa que tienen de actuar en base a sus convicciones, sería conveniente que el presidente Danilo Medina también pueda contribuir a preservar los fondos de pensiones con su objetivo general.

Contrario a lo que se ha querido vender con un énfasis populista, la entrega de parte de esos recursos a los trabajadores los pondría de hecho a pagar el costo de la crisis sanitaria del coronavirus, ya que estarían disminuyendo sus propios aportes y ahorros a ese bien patrimonial.

Con mucha certeza, sectores sensatos han afirmado que no es otra cosa que una engaño, un sueño que terminaría rápidamente en una angustiante pesadillasa, ante lo cual ha surgido el Movimiento con mi Cualto No, que lucha por desarticular ese asalto a los fondos de pensiones.

Los auspiciadores de la objetada fórmula tampoco se han detenido a analizar que por ley los fondos de pensiones no están en poder de las AFP sino que están depositados en instrumentos de inversión en la banca privada, Hacienda y el Banco Central.

Fuera de intereses y pasiones el país espera que los senadores tomen la decisión más conveniente para la estabilidad económica, la gobernabilidad democrática.

Por: yaneris Gusmán Piantini
pruebaprueba2400@gmail.com