SANTO DOMINGO.- El juez José Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el lunes a las 10:00 de la mañana, el conocimiento de la medida de coerción contra el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y otras diez personas implicadas en la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.
El magistrado Vargas hizo aplazamiento de la medida, debido a que el imputado José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial TITULATEC no llevó abogado a la audiencia.
El Ministerio Público había depositó en horas de la mañana la solicitud de medidas de medidas de coerción, consistente en un año de prisión preventiva, contra Leoncio Almánzar Objío, exdirector de CORDE; Irving José Cruz Crespo, ex Consultor Jurídico de esa entidad; Manuel Aybar Ferrando, exgerente Inmobiliario, y contra Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional y actual Directora Nacional de Registro de Títulos.
También, contra Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de la entidad comercial INFEPA; Juana Ynés Gómez Williams, hermana de los imputados Gómez Williams y principal accionista y representante de la entidad comercial Proyecciones Inmobiliarias GOWI; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista de TITULATEC, y los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.
El Ministerio Pública imputa al grupo de participar presuntamente en la comisión de diversos actos ilícitos, entre los cuales se encuentran los tipos penales de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores, entre otros establecidos en el Código Penal. “Cada caso es individual, por supuesto, y las acusaciones concretas de cada caso se sustanciarán de manera particular”, expresó.
La Procuraduría General de la República (PGR), en un comunicado de prensa refirió que en el transcurso de la investigación de este hecho de corrupción encontraron pruebas suficientes y con méritos que vinculan a los imputados con la venta ilegal de dichos terrenos.
Explica que la empresa que compró las tres parcelas, cuyas operaciones inmobiliarias habrían sido desarrolladas por CORDE, fueron Inversiones Fernández Parache & Asociados, INFEPA, y posteriormente esa misma empresa vendió parte de los terrenos a otra compañía, llamada TITULATEC.
