El Nacional
El operativo que la Fiscalía del Distrito Nacional iniciaría ayer en discotecas, bares y restaurantes para hacer cumplir la ley que prohíbe fumar en espacios cerrados, fue aplazado para las próximas horas, informó Jacqueline Lamarche, vocera del organismo.

Dijo que el fiscal Alejandro Moscoso adoptó la decisión tras recibir cientos de llamadas de dueños de esos negocios que alegaban ignorar que estaban violando la ley.

Explicó que ese argumento estaba basado en que los dueños o administradores de esos negocios alegan que con la instalación de extractores de humo estaban en orden.

Pero el fiscal advirtió que no basta con instalar extractores, sino que lo que hay que hacer es crear espacios apartados donde los fumadores puedan hacerlo, dejar de vender cigarrillos o evitar que sus clientes fumen en el interior de las discotecas, bares y restaurantes.

Lamarche no dijo cuándo comenzarán los operativos y se limitó a decir que se les dio un plazo de varias horas para que esos negocios adopten las medidas de lugar y no puedan alegar ignorancia.

La Ley 48-00, del 26 de julio de 2000, prohíbe fumar en los establecimientos cerrados y el fiscal Moscoso ha dicho que está dispuesto a hacerla cumplir, por lo que garantizó que se actuará con firmeza.

Las autoridades del Ministerio Público estarán acompañadas en los operativos por Luis Emilio Féliz Roa, director de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud Pública, así como Patricia Mercedes Vásquez, subsecretaria de Industria y Comercio.

«En estos momentos anunciamos que esta Procuraduría Fiscal se abocará a investigar, de oficio, si los bares, discotecas y otros lugares cerrados bajo techo, de uso colectivo, públicos y privados, ubicados en el Distrito Nacional están cumpliendo con las disposiciones estipuladas en la citada ley que prohíbe fumar en dichos lugares», dijo el fiscal.

Enfatizó en que las violaciones a las disposiciones de la ley 48-00 que se produzcan en el Distrito Nacional serán investigadas y procesadas para establecer a los propietarios las sanciones que la legislación contempla.

Entre las sanciones figura el pago de una multa que oscila entre RD$26,790.00 hasta RD$44,160.00 por cada violación, dependiendo del tipo de empresa de la que se trate, explicó el fiscal.