La ley 86-00 faculta al Ministerio de Educación a regularizar las tarifas de los colegios privados, para lo cual se tomaría en cuenta un justo margen de beneficio acorde con la calidad de la enseñanza que se oferta, lo que indica que el Estado posee calidad para impedir alzas excesivas en las cuotas mensuales o anuales que imponen la mayoría de esos centros educativos.

Esa ley, refrendada por el Tribunal Constitucional, faculta a ese ministerio para establecer una calificación de todos los colegios privados, agrupándolos por categorías, conforme a la dimensión, ubicación y equipamiento de sus plantas físicas, titulación de su personal docente, en base a lo cual se establecerían las franjas de cuotas a cobrar.

Es verdad que el negocio de la educación privada ingresa en el ámbito de la libre oferta y demanda, pero por tratarse de una actividad de orden público e interés social, el legislador ha impuesto controles para que la calidad se corresponda con el cobro por matriculación, mensualidades o anualidades.

Las autoridades nunca han cumplido ni hecho cumplir la ley, por lo que no pocos colegios privados han emprendido una marcha indetenible de aumentos directos e indirectos de la matrícula escolar, lo que atenta muy seriamente contra el presupuesto familiar.

Más temprano que tarde, la escuela pública recuperará su extraviado prestigio para que padres y tutores retornen a sus hijos a esos planteles, pero ahora es preciso frenar lo que sin dudas se presenta como un exceso de rentabilidad o ganancia por parte de operadores de colegios privados.

En la mayoría de los centros privados se exige ahora el pago de un bono de muchos miles de pesos para poder optar por la matriculación, lo que representa un cobro ilegal y abusivo, mientras las tarifas han sido aumentadas muy por encima del incremento del índice general de precios.

Esos colegios, grandes y medianos, no han expandido sus estructuras físicas, ni remodelado laboratorios, bibliotecas o áreas de deportes y recreación, pero se atreven a aumentar pagos de bonos, mensualidades o matrícula anual en más de un 50 por ciento, señal de que las autoridades han dejado que esas empresas se manejen a propia discreción.

Se reconoce la importancia de los colegios privados y su positiva incidencia en la formación de un apreciable porcentaje de la población escolar (25%), pero es menester que el Ministerio de Educación cumpla con la ley y frene la espiral de aumentos desproporcionados en las tarifas de matriculación.