La legislación en nuestro país muestra el grave problema de la política partidista local, caso del Código Penal dominicano, con más de 23 años en proceso de reforma es solo una muestra de la inercia del ejercicio politiquero nacional.

Lo cierto es que, sin partidos políticos, la democracia representativa es imposible, su función, además de representar, es ser el medio de la participación y la movilización que aseguren la existencia del sistema político del país haciendo operativas sus instituciones. Y eso, aquí, no está pasando.

La función de representación hace tiempo que no existe y la desconfianza de la ciudadanía medida a través de todas las encuestas lo prueban, así como el trasfuguismo, el clientelismo practicado, la poca disciplina partidista, la informalidad de las prácticas políticas, la falta de formación para gobernar, la poca renovación de los cuadros políticos que siguen siendo exclusivos y con las mismas personas y sagas familiares, en fin, una extensa lista de razones que hay que traer a colación.

Precisamente, es en el Congreso donde se nota más esta crisis existencial política por la poca capacidad para legislar. La capacitación de personas, candidatas y militantes aptas para responder al reto falta en las instituciones político-partidistas que, hay que reconocerlo, se parecen demasiado todas en sus planteamientos.

La renovación de las cúpulas partidarias, permanecen estáticas y siguen controladas por las mismas personas. Como dijera hace tiempo la politóloga argentina Flavia Freidenberg, analizando el contexto latinoamericano, “el nivel de renovación es escaso y, en todo caso, lo que se da es una “clonación” más que una “renovación” de la dirigencia partidista, a través de la participación de los hijos/as o sobrinos/as de los líderes históricos en los puestos claves”. Así es aquí.

El aprieto con el Código Penal, no pudo ni resolverse en la reforma a la Constitución de 2010, cuando el precepto era constitucionalizar las leyes adjetivas en un periodo corto, porque el ejercicio político es tan mediocre que no considera las necesidades de la ciudadanía.

Se orienta más al futuro electoral y a los intereses de poder de las organizaciones que al propio acto de gobernar y por eso, los esfuerzos son para crear las condiciones necesarias de triunfo electoral, superficializando el propio interés democrático de crear programas adecuados de gobierno.

El 75% del electorado dominicano, mujeres y personas LGBTI, consideradas “minorías y sectores subrepresentados” en esta realidad, no formamos parte del proceso de toma de definición programática de los partidos. ¡Cómo se nota!