El Tribunal Constitucional se ha erigido en el bastión, la última línea de defensa dentro del Poder Judicial, de los derechos fundamentales, consagrados en nuestra Carta Magna, la Constitución de la República.

A raíz de su creación, con el doctor Milton Ray Guevara a la cabeza, el TC no deja de asombrarnos con sentencias heroicas y audaces, positivas y polémicas en ocasión, que han sentado jurisprudencia, siempre resguardando la soberanía nacional, base de nuestra existencia como estado nación y sujeto de derecho ante los organismos internacionales.

Se acaban de juramentar, luego de ser escogidos de manera libérrima por el Consejo Nacional de la Magistratura, los siete nuevos jueces que sustituyen a los miembros que cumplieron su mandato conforme a la ley de este organismo judicial.

Entre estos magistrados destacamos al doctor Fidias Federico Aristy Payano, jurisconsulto emparentado con el novelista Ramón Marrero Aristy, quien como tal va al tribunal con actitudes progresistas cuyo objetivo principal es la defensa de los derechos ciudadanos.

Del proceder de Fidias Aristy habla de por sí su trayectoria, y de hombre público presidiendo instituciones de incidencia como el Colegio Dominicano de Abogados, el Ateneo Dominicano, el Consejo Nacional de Drogas y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos; y la Secretaría General de la Liga Municipal Dominicana, entre otras.

Vemos aquí plasmado el historial de un ciudadano que consideramos dispuesto a rechazar cualquier acción, injerencia o interferencia indecorosa en los asuntos internos. La presencia de Fidias Aristy en el TC, junto a otros jueces decididos a preservar nuestra soberanía, pone a un lado los temores de que el Constitucional pudiera dejar de jugar su papel brillante, desde su creación, como la última trinchera del derecho en nuestro sistema de justicia.

Como lo hizo el autor de “Over”, defensor sin cuentos de la clase obrera, esperamos que el doctor Fidias Aristy, con sus colegas bajo la presidencia de Napoleón R. Estévez Lavandier, continúe impulsando sentencias justas y respetables, sustentadas en la Constitución de la República.