Lo relacionado con el grave suceso que constituye la operación de un comando extranjero que penetró en territorio nacional para facilitar la fuga de dos pilotos franceses condenados por narcotráfico, parece devenir en un arroz con mango por las contradictorias e imprudentes declaraciones de autoridades nacionales.

En Francia se urdió una trama o conciliábulo criminal para ejecutar un operativo de tipo o característica militar para sacar del país subrepticiamente a los convictos Pascal Jean Furet y Armand Odos.

Por la naturaleza de esa acción y porque en su planificación o asentimiento se menciona a un legislador francés y a gente vinculada a la vida pública de esa nación, se puede afirmar que esa fuga conlleva repercusiones jurídicas, políticas y diplomáticas.
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, ha señalado que “todo indica que Francia tuvo mucho que ver con la fuga de los pilotos”, una afirmación que bien puede definirse de imprudente, porque ese tipo de acusación contra un Estado no corresponde pronunciarla el Ministerio Público.

Igual de desafortunada ha sido la reprimenda vertida por el canciller Andrés Navarro, de que en vez de estar acusando a Francia, las autoridades deben revisarse para establecer responsabilidades, porque lo que aborda es un ámbito diferente que no debería ser requisito para determinar si Francia incurrió en falta grave.

Las declaraciones que ha vertido el Gobierno galo sobre la fuga de los pilotos franceses han sido insultantes, pues pretende poner fin a un expediente que involucra a dos de sus súbditos en un crimen de lesa humanidad, además de evadir su responsabilidad de investigar a quienes planificaron y ejecutaron esa acción ilegal de comando.

La Convención de Viena de 1988 sobre persecución del tráfico internacional de drogas, señala que un Estado, en este caso, Francia, debe asumir competencia respecto a delito de narcotráfico cuando se cometa a bordo de una nave que enarbole su pabellón o una aeronave matriculada con arreglo a su jurisdicción.

Al negar imponer acciones punitivas contra esos pilotos y el grupo de delincuentes que facilitaron su fuga, Francia violenta un convenio internacional que ha declarado al narcotráfico internacional como crimen de lesa humanidad.

El Gobierno dominicano está compelido a emitir una declaración oficial, en los mismos términos en que lo ha hecho el portavoz del Gobierno francés, de reclamo para que, con arreglo al derecho internacional, las autoridades galas investiguen y procesen a quienes planificaron y ejecutaron esa acción ilegal.