El informe presentado por República Dominicana ante la 75ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (Sip) considera el semestre abril-octubre del 2019 como un período de victorias sucesivas para la libertad de prensa en el país, con hechos tangibles como las sentencias que anulan tres disposiciones legales que contenían penalidades y restricciones al libre ejercicio del periodismo.
Las sentencias a que hace referencia el informe anularon disposiciones restrictivas contenidas en las leyes de partidos políticos y de régimen electoral, aprobadas este año por el Congreso Nacional, una de las cuales contemplaba prisión de tres hasta 10 años a quienes hiciesen “comentarios negativos” contra partidos, candidatos y figuras políticas, otra calificaba de difamación e injuria tales expresiones, aunque fuesen vagas e imprecisas.
El informe presentado por el país ante la Sip indica que, “al justificar su dictamen, el TC declaró que las redes sociales se han convertido en los únicos espacios accesibles para que una masa significativa de ciudadanos pueda exteriorizar su pensamiento y recibir opiniones e informaciones, lo que abre paso a una deliberación verdaderamente pública, plural y abierta sobre los asuntos de interés general.
Sobre el particular, dijo que el criterio establecido por el máximo tribunal constitucional al anular el artículo que imponía penas de prisión de tres a 10 años por emitir “mensajes injuriosos” y campañas falsas que atenten contra el honor y la intimidad de los candidatos, es que con esta disposición se violaba el núcleo esencial del derecho a la libertad de expresión.
Sostiene que esa era una penalidad excesiva que desbordaba la que prevalece en el código penal para los delitos de difamación e injuria, que abarca de seis días a tres meses de prisión, y la que todavía existe en la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, que va de 15 días a seis meses de prisión.
Indica el informe, que del mismo modo, la alta corte anuló por inconstitucional otra disposición legal que prohibía la difusión de propaganda política por radio y televisión, pero no así en los medios digitales, fuertemente objetada ante la Junta Central Electoral por la Asociación Dominicana de Radiodifusoras.
“Con estas tres sentencias, la prensa se libró de los graves riesgos de caer bajo un esquema de censura previa para denunciar actos de corrupción en los que pudiesen estar involucrados partidos, dirigentes o candidatos electorales”, sostiene el citado informe.
