Una jueza penal dictó medidas de coerción de un año de prisión contra cinco de ocho individuos acusados de sicariato, una industria criminal que crece aquí como mala hierba.

José Miguel Rodríguez Almonte, uno de los presuntos sicarios, admitió su participación en dos asesinatos por encargo de personas vinculadas al expediente del prófugo boricua José David Figueroa Agosto.

Una sociedad virtualmente acorralada por el narcotráfico y la criminalidad recibe con estupor la noticia de que las autoridades desmantelaron un grupo de matones al servicio de cárteles de la droga.

El sicariato es ya una extendida corporación criminal que presta sus servicios para, por ejemplo, acometer los asesinatos de siete personas en Baní, de un coronel retirado de la Policía, un recluso, un presunto capo, un empresario y el intento de asesinato de un abogado de Santiago.

Otros homicidios aún no esclarecidos se atribuyen a bandas de asesinos que actúan por encargo de grupos de narcos o que han sido contactados por particulares.

A más de la desgracia que significa el auge del narcotráfico y de crímenes conexos como lavado de dinero, la ciudadanía sufre la atribulación de un activo sicariato, en cuya membresía han figurado militares activos o retirados.

Aunque las autoridades anuncian el desmantelamiento del grupo de sicarios al que se atribuye los asesinatos de personas mencionadas en el expediente de Figueroa Agosto, falta por identificar los matones a sueldo que balearon al abogado y comentarista de televisión Jordi Veras Rodríguez.

Se requiere que Policía, Fiscalía y Justicia movilicen cielo y tierra para identificar, someter y condenar a integrantes de esas corporaciones de asesinos.

Se insiste en señalar que otros grupos de sicarios siguen activos en el negocio de asesinar por paga y que son muchos los homicidios por encargo aún sin resolver. La vida aquí vale poco.