Hay países donde el cargo de asesor gubernamental se justifica, al cumplir un horario en oficina y poniendo sus conocimientos científicos al servicio del jefe de Estado, que lo consulta regularmente para dotarse de los elementos de juicio necesarios antes de tomar decisiones sobre determinados aspectos del desenvolvimiento de la administración pública.

Ese no es el caso de República Dominicana, donde a una persona se le designa mediante decreto (¡Cuánta formalidad!), se le juramenta en palacio, se le incluye en nómina y empieza a cobrar un sueldo, sueldo que suele oscilar entre los 100 mil y los 300 mil pesos, sin dar un solo golpe. Una asesoría gubernamental es sinónimo de botella. De una botella grande.

En este y en pasados gobiernos se rellenan la nómina de asesores. Los asesores regularmente son personas que, para los criterios del primer mandatario, no califican para un cargo y/o no hay espacio vacante para él, pero hay que ponerlos a cobrar por deudas de gratitud, pues hicieron algún aporte en campaña, guardan afinidad al partido de gobierno, o simplemente son tránsfugas a los que hay que contentar con algo, pues se les aparecen al presidente a donde quiera pasando papelito con disimulo.

Es común también que la designación de asesor recaiga sobre un funcionario recién destituido, pero al que dejan con un sueldo para no tirárselo de enemigo. A fin de cuentas se trata de una degradación que solo los incondicionales, carentes de dignidad y sinvergüenzas aceptan. Hablo del adjetivo sinvergüenza porque aquellos que aceptan esa degradación no les importa lo que diga la gente. Para ellos lo importante es agarrar esos cuartos cada 30 días.

Con los recientes decretos se degradó de forma desconsiderada al doctor César Mella, prestigioso siquiatra, catedrático, antiguo presidente del CMD y columnista periodístico muy leído, porque sabe escribir y aborda temas muy diversos, lo que revela su amplia cultura. (César Mella pertenece a un grupo de galenos que encabeza José Joaquín Puello, colocado al más alto nivel en término de prestigio médico).

Creo que cualquier gobierno se prestigiaría al designar a César Mella como ministro de salud. Pero su humildad (no sé si razones económicas) lo llevaron a aceptar la dirección del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, una institución quebrada y con atribuciones reducidas. Para colmo se le cancela, a petición de Miguel Vargas, y se le designa de asesor. Hasta ahora el doctor Mella ha guardado silencio. ¡Qué pena!