No hay forma ni manera de justificar el secuestro perpetrado por una turba de haitianos contra un grupo de dominicanos que transitaba en motocicletas por la Carretera Internacional, ni mucho menos la indiferencia que se atribuye a militares que presenciaron ese rapto.
El ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, cree que la retención del cardiólogo dominicano Pedro Ureña y de sus acompañantes podría ser en represalia porque una patrulla militar retuvo dos motocicletas de origen haitiano, lo que en ningún modo puede avalar una acción de terror contra ciudadanos pacíficos e indefensos.
El grupo de dominicanos se desplazaba por esa carretera limítrofe, de regreso desde la playa Bahía de las Águilas, en dirección al municipio de Restauración, cuando fueron interceptados por la turba que los mantuvo retenidos durante más de tres horas, tiempo durante el cual los raptados temieron por su vida.
El doctor Ureña dijo que dos militares presenciaron cuando él y sus compañeros fueron detenidos por el grupo de haitianos, pero que no intervinieron bajo el alegato de que no podían inmiscuirse en ese tipo de incidente, con lo cual habrían dejado a su suerte a ciudadanos dominicanos en inminente estado de peligro.
Que no se alegue que se trata de un incidente aislado que no debe ser motivo de preocupación o de alarma, porque sucesos como ese ocurren con preocupante frecuencia, incluido secuestro de personas y retención de vehículos y mercancías perpetrados por civiles haitianos en perjuicio de transportistas o mercaderes dominicanos.
Las autoridades dominicanas están compelidas a reclamar de sus pares haitianos el apresamiento y sometimiento a la justicia de los responsables de raptar al médico dominicano y a sus acompañantes, acción incalificable e injustificada que pudo degenerar en una tragedia.
Al ministro de Defensa le corresponde establecer si los militares que rehusaron defender a los dominicanos retenidos por una banda de haitianos cumplían algún tipo de orden, como alegaron frente a las propias víctimas o si se trató solo de una falta grave.
El buen juicio aconseja que autoridades de ambos países promuevan en la frontera un clima de buenos vecinos, pero quienes incurran en la comisión de cualquier infracción de tipo criminal o delictuosa deben ser apresados y sometidos a la justicia, sean haitianos o dominicanos.