República Dominicana parece tener asignado un asiento permanente en el banquillo de acusados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a juzgar por las continuas imputaciones contra el Estado que se incoan ante ese organismo.

Todas esas acusaciones están referidas a supuestas violaciones contra los derechos de emigrantes haitianos o de hijos de indocumentados que reclaman la adjudicación de la nacionalidad dominicana, pero esta vez se pretende culpar al Gobierno dominicano por falta imputable al vecino Estado de Haití.

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, y el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, serían sometidos ante esa instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), por supuesto incumplimiento de la ley 169-13, que dispone la ejecución de un Plan de Regularización Migratoria.

Tal parece que la inscripción de ciudadanos hijos de indocumentados haitianos y de propios inmigrantes ilegales no ha llenado las expectativas de Organizaciones No Gubernamentales que reclaman mayor celeridad en la entrega de la documentación correspondiente.

La JCE anunció que entregará a la Cancillería la documentación que prueba que ha cumplido con la sentencia 168-13 y con la ley 169 sobre nacionalidad y regularización migratoria, pero las ONG que defienden derechos de inmigrantes haitianos reclaman otorgar nacionalidad a por lo menos 200 mil ciudadanos que consideran en estatus de apatridia.

Resulta que el problema principal para que más haitianos se acojan a ese plan migratorio ha sido la carencia de documentación referida a la identidad personal del solicitante o a su proclamado arraigo con el territorio nacional, papeles que deben ser suplidos por el Gobierno haitiano.

En términos jurídicos, los ciudadanos extranjeros sin prueba de inscripción en el Registro Civil de su país, literalmente no existen para los fines de aplicación de esa ley migratoria, por lo que no se debería aspirar a que un Estado otorgue nacionalidad o autorización de residencia a personas sin nombres ni apellidos, por lo que esas organizaciones que acusan al Gobierno dominicano de crear apatridia, deberían enfilar sus quejas hacia el lado oeste de la isla.

Mientras tanto, el Estado dominicano tendrá que acostumbrarse a frecuentes viajes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque, al fin y al cabo, de lo que se trata es de doblegar a una nación para que acepte el rol de eterno cirineo de Haití.