Resulta absolutamente inaceptable la manifiesta pretensión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de dirigir a control remoto al Gobierno y al Estado dominicanos a los que procura imponerles una particular interpretación de la Constitución de la República y de sus leyes adjetivas.

En su audiencia pública de su 150 periodo de sesiones, la CIDH exige al Gobierno no aplicar el Plan Nacional de Regularización Migratoria que ordena la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y plantea reconocer pura y simple la nacionalidad a miles de inmigrantes sin el cumplimiento de previos requisitos de ley.

Constituye un atrevimiento mayor de los rectores de ese organismo el reclamar una respuesta inmediata del presidente Danilo Medina sobre sus injerencistas exigencias, pues de lo que se trata es, no solo de irrespetar a un jefe de Estado, sino de imponer excesivas presiones para que se vulnere el orden institucional de la República.

La embajadora Radhys Abreu, quien representó a República Dominicana en esa audiencia, se quejó por las reiteradas convocatorias de la CIDH para abordar lo relacionado con el derecho a la nacionalidad dominicana, un tema que ha sido suficientemente debatido, incluso por una visita in loco (en el lugar) de comisionados de ese organismo, invitados por el Gobierno.

No es el Gobierno dominicano el que ha escogido una dirección distinta a lo señalado por la CIDH, sino que esa entidad ha extraviado la brújula y alcance de sus prerrogativas con el claro propósito de lacerar el fuero soberano nacional, representado por su Constitución Política y su derecho a legislar sobre nacionalidad e inmigración.

Hace bien el presidente Danilo Medina en consultar a líderes políticos y representantes de instituciones públicas y de la sociedad civil sobre el contenido del proyecto de ley de naturalización que enviará al Congreso en correspondencia con el mandato de la sentencia de Tribunal Constitucional.

El mandatario tiene la obligación de respetar el Texto Sustantivo y las decisiones que emanen del juez de control constitucional, por lo que es aconsejable que no acepte tipos de presiones externas o internas que apunten en dirección contraria.
Por sus evidentes prejuicios y clara intención de vulnerar el fuero soberano, Estado, Gobierno y sociedad están compelidos a rechazar las exigencias y presiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de sus mandantes.