La muerte golpes de una estudiante de 12 años perpetrada por otros alumnos en una escuela pública de La Romana constituye un hecho atroz que horroriza a una sociedad todavía compungida por el vídeo que muestra la pelea de dos escolares en presencia de una profesora y un guardián en un plantel de Boca Chica.

Un reporte de prensa señala que la niña Elizabeth Severino Morla falleció a causa de los golpes que le propinaron compañeros suyos dentro de un baño de la escuela básica Neris Cueto, en el sector Villa San Carlos, un hecho abominable que conmociona e indigna a la colectividad.

En un vídeo difundido en las redes sociales se observa el penoso espectáculo de dos alumnos golpeándose sin cesar, sin que una oficial de seguridad escolar ni otra profesora intervinieran para evitarlo, más bien se observa a esos adultos procurar que los compañeros de esos niños observaran la pelea “en completo orden”.

No hay forma de describir lo que significa que niños de una escuela primaria encierren en un baño a una compañera y la golpeen “hasta matarla”, como denunciaron los padres de la víctima, quienes se quejan porque las autoridades no se han referido el caso.
Ambos sucesos son apenas muestras de una extendida situación de acoso escolar o “bullyng”, que padecen miles de escolares que sufren maltratos físicos o verbales en escuelas y colegios, sin que se sepa si el Ministerio de Educación aplica políticas para afrontar esa práctica, que ha costado la vida a una alumna de 12 años.

Se sabe que muchos alumnos sufren también de acoso sexual por profesores o estudiantes de mayor edad, lo que obliga a la comunidad educativa a diseñar planes y programas que propendan a la protección de los escolares de escuelas básicas y liceos.

Duele saber que la denuncia sobre la muerte a golpes de una niña a manos de sus compañeros en una escuela y la difusión de un vídeo que muestra a dos alumnos pelear hasta el cansancio en presencia de adultos, se reciba como casos de simple policía, cuando se trata de sucesos atroces.

El Ministerio Público tiene la obligación constitucional de proteger la integridad física y espiritual de los menores, razón por la cual se exige que investigue los casos denunciados y someta a la justicia ordinaria a los adultos responsables por acción u omisión de tan consternantes sucesos.