Los millones de pesos que pierde el país cada año, a causa de una ejecución presupuestaria indisciplinada, y, el débil control en la administración de su patrimonio, ascienden a cifras espantosas.
La estructura de control y fiscalización de los fondos públicos y el patrimonio del Estado, según al Artículo 246 de la Constitución, la integran el Congreso, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes. Esta entidad esta degradada a la más mínima expresión.

El clientelismo, y otros vicios sociopolíticos, desnaturalizan el accionar de los órganos precitados. Las aspiraciones de la época obnubilan el juicio de las autoridades, responsables de cumplir y hacer cumplir las Constitución y las leyes. Las iniciativas que toman están orientadas al inmediatismo y el relumbrón, no importa lo que se gaste.

Para evitar que continúe el despilfarro, y fortalecer la lucha anticorrupción, es necesario rendir cuentas con transparencia a fin de que permita examinar la información financiera obtenida sobre la base de evidencias que soporten las cifras y las revelaciones contenidas en la misma. A esos fines, sugiero implementar lo siguiente:

“Disponer de una herramienta técnica para la ejecución de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral en las especialidades que se han venido desarrollando es un punto clave para el ejercicio eficiente y efectivo de la actividad sustantiva de la Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana (CCRD).

El Manual Operativo de Auditoria Gubernamental (MOAG) resume los principales aspectos legales, reglamentarios y conceptuales aplicables, así como también considera algunas mejores prácticas para la prestación del servicio de Auditoria Gubernamental. Constituye uno de los instrumentos más útiles para fortalecer el ejercicio de la rendición de cuentas, la transparencia en la gestión y la administración de los recursos públicos”.