Cuando el presidente Leonel Fernández viola la Constitución de la República, valiéndose de los poderes circunstanciales de que dispone, sienta un precedente funesto que hace daño a la democracia y da pretexto, inclusive, al eventual surgimiento de una aventura política que rompa con el orden institucional.

Alcanzar el poder político mediante un golpe de Estado es inconstitucional, pero el que lo practica podría alegar que viene a poner el orden ante los múltiples actos violatorios que comete el jefe de Estado.

El silencio de la Suprema Corte de Justicia se entiende, pero muchas entidades de la sociedad civil no han reflexionado lo suficiente sobre las posibles consecuencias que podrían provocar los recurrentes actos ilegales del presidente de la República.

El presidente de la República, al tomar posesión, jura cumplir y hacer cumplir la Constitución. El doctor Fernández, empero, no ha hecho honor al juramento ante sus conciudadanos, con las reiteradas maniobras que se apartan de la ley de leyes.

Con sus actos Fernández muestra embriaguez de poder, por su control de las cámaras legislativas y el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano, este último, que tiene la facultad de designar, entre otras atribuciones, a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional.

Las violaciones a la Constitución de la República, de parte del presidente Fernández, se basan en la fuerza. Sus violaciones son cada vez más graves, dañando al sistema democrático, el cual podría colapsar ante el surgimiento de una aventura.

La democracia dominicana amerita fortalecimiento, basada siempre en sus instituciones, por lo que el 20 de mayo del año entrante los dominicanos sufragarán, mayoritariamente, por Hipólito Mejía y Luis Abinader, acabando así con las ilegalidades de Leonel y cerrando la brecha de la aventura política.