Teniendo en cuenta que la seguridad ciudadana, en un estado “al día”, mantiene un enfoque de cambio estructural hacia la integración de todas las personas ciudadanas y en ese sentido, genera políticas, programas y planes encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población toda, en nuestro país, no se existe esa inclusión.

Las intervenciones a la seguridad pública realizadas hasta ahora son reiteradas para modificar instituciones de vigilancia y represión, pero no se orientan al fortalecimiento de la ciudadanía potenciando sus derechos individuales y colectivos, por lo que, vivir en nuestro país, es un reto para una mayoría de personas.

El fenómeno de la violencia es multicausal, con lo que se necesita una visión amplia con estrategias de prevención que se anticipen o al menos, detecten y disminuyan esas prácticas sociales que lo producen antes de que ocurran y, en el caso de la violencia de género contra las mujeres, prevenirla, tiene una importancia fundamental.

Convertida en uno de los mayores problemas que enfrentamos, por la magnitud y la gravedad de las consecuencias, las causas de estas violencias se evidencian en las prácticas y actitudes culturales de discriminación, perpetuadas en nuestra sociedad a través de sus instituciones.

Para los primeros 5 meses del año, la prensa de la semana pasada nos refería el alto costo humano con al menos, 157 muertes violentas registradas, de las cuales, 72 son homicidios ocurridos en diversos contextos, atracos, disputas personales, enfrentamientos, etc., con 50 personas muertas a manos de la Policía Nacional. Además, 22 feminicidios, seis seguidos del suicidio del perpetrador y 7 hombres muertos a manos de sus parejas. Hablamos de que, 14.01% de las muertes violentas ocurridas, son de mujeres y niñas.

Durante la campaña anual de los 16 Días de activismo contra la violencia de género de diciembre de 2023, ONU Mujeres se une a sobrevivientes recomendó diez maneras de lograr el cambio de forma segura y efectiva para prevenirla, entre las que destacarían, como obligación del Estado, enseñar a la próxima generación y aprender de ella; exigir respuestas y servicios adecuados; demostrar oposición a la cultura de la violencia contra mujeres y niñas.

¿Cuál es la inversión del Estado dominicano para prevenirla? ¿Existe un compromiso político para aplicar acciones y leyes que mejoren las discriminaciones que las dominicanas enfrentamos a diario? Lamentablemente, no.

Abordar las causas estructurales, los factores de riesgo y de protección, es esencial para contener, al menos, estas violencias y cambiar las cifras.

Adelante con el cambio