Ante el hecho de que el presidente y el vicepresidente del Banco Peravia salieron del país, aunque se dice que uno de ellos ha retornado, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público deben adoptar las medidas pertinentes para resguardar los ahorros del público en esa entidad en disolución.

Gabriel Arturo Jiménez Aray habría viajado a Atlanta, Estados Unidos, el 20 de este mes, en el vuelo 324 de Delta Airlines, mientras que José Luis Santoro salió el 29 de octubre con destino a Panamá, pero se dice que regresó al día siguiente.

A pesar de que la crisis operacional de ese banco de ahorro y crédito se había desatado con anterioridad, las autoridades no dispusieron impedimento de salida a sus principales funcionarios aun cuando se produjo un incidente con la denuncia sobre un supuesto intento de secuestro a un alegado accionista.

La Superintendencia de Bancos inició el proceso de disolución de ese banco, conforme lo establece el artículo 2 de la Ley Monetaria y Financiera 183-02, pero entre ahorrantes y depositantes prevalece el temor de que se torne difícil la recuperación de sus inversiones.

Ante numerosas querellas incoadas por clientes del Banco Peravia, la Fiscalía del Distrito ha iniciado una investigación contra los principales ejecutivos de esa entidad sobre la posibilidad de que se incurriera en estafa o lavado de dinero.

El daño que la intervención de ese banco pueda causar al buen crédito del sistema financiero nacional, sería mucho menor si las autoridades actuaran con rapidez, decisión y transparencia en la ejecución de su liquidación, en plena garantía del retorno del dinero a depositantes y ahorrantes.

Muy amargo sería que se repita la historia de decenas o centenares de clientes que resulten simplemente estafados, sin que el Ministerio Público traduzca a la justicia a los posibles responsables de acciones reñidas con la ley penal, un temor que prevalece porque hasta ayer las autoridades no habían colocado impedimento de salida contra ejecutivos de ese banco.

En manos del regulador bancario, de la Junta Monetaria y del Ministerio Público está la suerte de esos ciudadanos que confiaron sus ahorros en esa entidad hoy en vía de liquidación, pero también -se repite- el buen crédito del sistema financiero.