Las críticas públicas que ha formulado el procurador general contra la Policía han desatado una polémica estéril y perniciosa entre los titulares de dos instituciones que deberían aunar esfuerzos para prevenir y perseguir los crímenes y delitos y resguardar el orden público.
El procurador Francisco Domínguez Brito ha ridiculizado el instrumental, procedimiento y calidad de la investigación criminal que realiza la Policía, a la que cuestiona porque sus miembros han disparado un tiro en la rodilla o puesto una plancha caliente en los pies a un imputado para sacarle una confesión.

Tales denuncias han sido rechazadas por el mayor general Manuel Castro Castillo, quien ha calificado como juicios destructivos los emitidos por el jefe del Ministerio Público, que “descalifican, menosprecian y empañan” el sacrificio que realiza una gran parte de los miembros de la Policía.

No se entiende por qué ahora, el procurador Domínguez Brito se refiere de manera pública al mal ejemplo que ofrecen generales que se han enriquecido al amparo de sus rangos o que las pruebas en torno a la comisión de un crimen se levantan con métodos artesanales.
Lo sensato sería, que en su condición de jefe del Ministerio Publico y de la Policía Judicial, el procurador general disponga el sometimiento a la justicia de oficiales superiores o cualquier miembro de la Policía involucrados en corrupción o en la aplicación de tortura.

Es deber también de ese funcionario reclamar al presidente Danilo Medina o al ministro de Interior dotar a la Policía del instrumental requerido para poder realizar una investigación con métodos científicos que hagan creíble el fardo probatorio que los investigadores levanten.

Sin negar credibilidad a la denuncia del procurador general de que en la Policía se practica tortura para extraer confesiones, lo prudente hubiese sido que propio ministerio público identifique a los agentes que incurren en esa infracción criminal y a sus mandantes para que sean sometidos a la justicia ordinaria.

Resulta penoso que dos funcionarios que deberían aunar esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana, la prevención de crímenes y delitos y el castigo en la jurisdicción de justicia contra los infractores de la ley, conviertan el escenario de opinión pública en Coliseo Romano donde uno intenta destripar al otro.