La reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que inició hoy en Punta Cana, convierte a República Dominicana en el centro de atención y evaluación del libre ejercicio del periodismo en el continente, un honor que la democracia de este país se ha ganado por su historial de lucha y sacrificio.

Por cuarta ocasión en cuatro décadas, directores y editores de periódicos y revistas de las Américas se reúnen en esta tierra de primacías para analizar el estado de la libertad de prensa, un derecho inalienable que se constituye en garantía suprema de la convivencia política.

En no pocos países y territorios de América Latina se conculca o restringe la libertad de expresión y difusión del pensamiento, se persigue a los periodistas y se presiona a medios de comunicación que intentan promover verdad y pluralidad, lo que justifica la labor de la SIP de denunciar tales intentos por acallar a la prensa.

El Nacional extiende cordiales salutaciones a los periodistas y ejecutivos de medios que participan en tan trascendente reunión, al tiempo que se congratula porque en República Dominicana se ejercen si mayores cortapisas los derechos de prensa y de libre expresión del pensamiento.

El informe

El Ministerio de Salud Pública ha anunciado medidas legales o de amonestación contra clínicas que, conforme a los resultados de una investigación, habrían incurrido en negligencia o inobservancia en la atención de emergencia que debió recibir el paciente Claudio Caamaño, cuyo deceso se produjo días después de sufrir un accidente.

Sin emitir juicio en torno a lo que se señala en ese informe, se resalta que por primera vez un ente oficial investiga una denuncia sobre desatención médica de pacientes ingresados a emergencias de centros asistenciales públicos o privados.

Lo cierto es que Claudio Caamaño falleció a causa de las severas lesiones que sufrió durante un accidente automovilístico, sin que se determine cabalmente si su deceso pudo evitarse o si en las cuatro emergencias donde fue llevado se actuó con negligencia, indiferencia o inobservancia.

Es claro que toda acción contraria a la ley o que cause un daño punible debe acarrear consecuencias penales o civiles, cuestión que corresponde a los tribunales, pero lo que no debe permitirse es que, por falta de previsión o control oficial, se repita la desgracia que aquí se comenta.