En la memoria eléctrica de la República Dominicana hay una verdad indiscutible: en los últimos 37 años hemos sufrido al menos 89 apagones generales.

No son cifras frías, son el mapa de una herida estructural que revela cómo el país ha oscilado entre la improvisación, la debilidad institucional y los intentos, a veces tímidos, a veces contundentes, de modernizar un sistema que nació rezagado.

Los años más críticos siguen perteneciendo a un mismo dueño: Joaquín Balaguer. En 1988 se registraron nueve apagones y en 1989 el número ascendió a 12. A pesar de las inversiones de la época, el país operaba con una generación insuficiente, redes deterioradas y un Estado que aún no había entendido que la electricidad es un cimiento, no un accesorio.

El ciclo volvió a repetirse en el gobierno de Hipólito Mejía (2000–2004), cuando el país vivió 10 apagones generales. La demanda crecía más rápido que la capacidad de transmisión, la generación era frágil y el sistema se desmoronaba entre déficits financieros y fallas operativas.

Entre el 16 de agosto de 2004 y el 16 de agosto de 2012, bajo las administraciones de Leonel Fernández, el problema continuó, registrándose siete apagones generales.

El penúltimo apagón general ocurrió en el año 2015, en el primer mandato de Danilo Medina, cuando todo el país quedó sin energía eléctrica, aunque, en su segundo período (2016–2020), el sistema dio señales de mayor estabilidad, empujado por inversiones y una gestión más disciplinada.

El presidente Luis Abinader ha expresado que en su gestión no existen “apagones financieros” y que el 98 % de la demanda es atendida. Sin embargo, el apagón del pasado 11 de noviembre recuerda que ningún discurso borra la fragilidad básica del sistema.

El desafío no es culpar, sino comprender que el problema nunca ha sido solo técnico, ha sido, sobre todo, institucional. Y mientras esa raíz no se sane, ningún año, ni siquiera 2025, el país estará libre del riesgo de volver a apagarse.