El 9 de junio de 2006 la nación fue conmovida por la muerte en Santiago de la estudiante de Medicina Vanesa Ramírez, de 18 años, para despojarla de un celular. Desde entonces los crímenes y asaltos a mano armada por esa causa se han convertido en una epidemia. Los casos más recientes, que han vuelto a disparar el problema de los aparatos telefónicos, son los asesinatos de un teniente de la Policía, en el sector de Villa Francisca, y de una maestra embarazada en Villa Mella.
Ante el auge de la violencia generada por celulares, las compañías telefónicas decidieron tomar carta en el asunto. Anunciaron la implementación de un sistema de verificación en línea de los códigos “Imei” que tienen los equipos móviles con la idea de que los usuarios consulten en tiempo real si algún aparato ha sido denunciado como robado o extraviado.
Para desestimular el uso de equipos robados las medidas de las empresas telefónicas incluían una conexión con la lista negra global de la asociación mundial GSMA, que es un sistema de información de los aparatos provistos por la organización mundial de operadores de teléfonos. Pese a todo, no han cesado las denuncias de asaltos ni los crímenes para despojar a las víctimas de su celular.
El jefe de la Policía, Nelson Peguero Paredes, ha explicado que el auge del delito se debe a que los teléfonos celulares son activados luego de borrar la identificación por medio del “blanqueo de series” y vendidos luego hasta por Internet. La industria es tan poderosa que según el oficial existen negocios internacionales que se las arreglan para comercializar en diferentes países los aparatos blanqueados.
Por lo visto, el robo de celulares, que se venden como pan caliente dependiendo de su marca, plantea muchos desafíos tanto para las empresas de telecomunicaciones como para las propias autoridades. No solo hay que encontrar la manera de impedir que se comercialicen y reactiven los teléfonos robados, sin reparar en el costo ni cualquier tipo de inversión, sino reforzar al máximo la seguridad ciudadana. El caso lo amerita.
Casos, entre muchos otros, como el de la estudiante de Medicina de Santiago, del teniente Lenny Estrella Lora y la profesora Gioconda Pérez Piña, no deben repetirse. Vale que se adopten todas las previsiones habidas y por haber para que la posesión de un simple celular no constituya un riego para la vida de ninguna persona.