BRASILIA, (AFP) – Brasil se apresta a vivir un fin de semana de protestas y negociaciones políticas que pueden determinar la suerte del presidente conservador Michel Temer, acuciado por denuncias de corrupción. Temer trata de impedir la erosión de su base aliada para guarecerse de un eventual impeachment como el que hace un año le costó el cargo a la mandataria de izquierda Dilma Rousseff, de quien era vicepresidente.

Partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones sociales convocaron el domingo a protestas en todo el país para exigir su renuncia. El número de participantes podrá servir de termómetro del descontento. La Fiscalía General pidió el viernes a la corte suprema la inculpación de Temer por presunta «obstrucción a la justicia».

Según la Fiscalía, Temer habría actuado en coordinación con el senador Aécio Neves, suspendido de su cargo el jueves, para poner palos en las ruedas de la Operación Lava Jato, que investiga una vasta red de sobornos en la estatal Petrobras. Las acusaciones se basan en delaciones premiadas de ejecutivos del gigante mundial de la alimentación JBS, entre ellos sus dueños Joesley y Wesley Batista.

Las confesiones no son consideradas pruebas a menos que un tribunal así lo determine. Brasil vive en estado de conmoción política desde que el miércoles el diario O Globo reveló una conversación entre Temer y Joesley Batista, en la que el jefe de Estado parece dar su anuencia al pago de un soborno para comprar el silencio del exdiputado Eduardo Cunha, encarcelado por corrupción. El Supremo Tribunal Federal (STF) abrió una investigación sobre el caso.

El jefe de Estado, de 76 años, rechazó tajantemente esas acusaciones, así como los llamados a que presente su renuncia. En los documentos divulgados el viernes, Temer aparece mencionado junto a sus predecesores de izquierda Lula da Silva y Dilma Rousseff en una lista de presuntos beneficiarios de sobornos pagados por ejecutivos de JBS. Ricardo Saud, director de relaciones institucionales de J&F (el consorcio que controla JBS), asegura que la empresa benefició a Temer en la campaña de 2014 con pagos ilegales por un monto de 15 millones de reales (6,37 millones de dólares al cambio promedio de ese año) a cambio de una «actuación favorable» a los intereses de la empresa.