El presidente Michel Martelly ha dispuesto por cuenta propia impedir el ingreso a Haití de indocumentados hijos de haitianos, a los que considera apátridas, en violación a la Constitución de esa nación y de un principio básico del derecho internacional referido a la transmisión de la nacionalidad de padres a los hijos.
Esa decisión asumida por un jefe de Estado que gobierna por decreto constituye un gesto inamistoso e inmerecido contra República Dominicana, cuyas autoridades han hecho hasta lo indecible para cumplir cabalmente con la ley en lo referido al control migratorio.
Las constituciones de Haití y República Dominicana establecen el principio de sujeción perpetua o jus sanguinis como derecho inalienable en la adjudicación de la nacionalidad, por lo que un vástago de haitianos es en principio ciudadano haitiano, lo mismo que un hijo de dominicanos, es dominicano.
Martelly se arroga el derecho de declarar apátridas a descendientes directos de haitianos y ordena de manera personal e ilegal que sus oficiales de Migración impidan el ingreso de quienes ostenten esa condición, con lo que también dispone la división de centenares de familias haitianas.
Es claro que Martelly procura trastornar el programa de repatriación que conforme a la ley debe aplicarse al concluir el Plan de Regularización Migratoria, porque de otra manera no se explica esa medida ilegal, abusiva e inamistosa.
Ahora se explica las razones por las cuales el presidente de Haití dispuso levantar centros de acogidas “para refugiados” en la zona fronteriza, que no son más que destartaladas casuchas destinadas a congregar y humillar a repatriados haitianos con fines de promover una aviesa campaña contra la buena imagen de República Dominicana.
El Tribunal Constitucional ordenó al Registro Civil acoger la nacionalidad de hijos de indocumentados que se inscribieron de buena fe y remitir a los tribunales los casos de asentamientos fraudulentos, por lo que el señor Martelly carece de autoridad jurídica y moral para decretar por cuenta propia y a discreción la figura de la apatridia.
Con tal de dañar aún más las relaciones dominico-haitianas, el presidente Martelly llega al colmo de despreciar la propia descendencia de sus nacionales, a los que define como apátridas, pero aun así, el Gobierno dominicano no debe asumir esa burda provocación sino continuar en firme con el cumplimiento de la ley en todo lo relacionado con el control migratorio.