Burdas mentiras

El Departamento de Estado ejecuta desde hace años una política de exageradas denuncias sobre violaciones a derechos humanos en República Dominicana que ya ingresa en el ámbito del descrédito e intromisión, como el aviso publicado en su página web en el que afirma que aquí prevalece una situación de violencia xenófoba que incluye linchamientos públicos y quemas de casas habitadas por haitianos.

En la oferta dirigida a aspirantes a ocupar el puesto de Oficial de Protección Adjunto, en ese portal se afirma que en la frontera “se producen trata transnacionales de mujeres y niños para trabajar en la industria del sexo o de servidumbre doméstica”.
Aunque admite que la frontera domínico haitiana es porosa o vulnerable, la Cancillería de Estados Unidos resalta lo que define como constantes violaciones de los derechos humanos por autoridades militares y de frontera, sin poder explicar cómo entonces se congregan en territorio nacional “más de un millón de inmigrantes haitianos”.

Esa sarta de descrédito contra el gentilicio dominicano sustenta el llamado a optar por el puesto adscrito a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, cuyas funciones esenciales serían proteger y defender a inmigrantes haitianos y sus descendientes.

Llama la atención que en ese escrito del Departamento de Estado, publicado aquí por el Nuevo Diario, se define a República Dominicana como la cantera mayor de refugiados en el Caribe y advierte que unos 250 mil descendientes de haitianos corren el riesgo de quedar en condición de apátridas.
Constituye una inaceptable exageración la afirmación contenida en ese portal, de que aquí se producen linchamientos de haitianos por xenofobia. Esas contadas y repudiadas lapidaciones se han producido también contra dominicanos, perpetradas tras la comisión de asesinatos o robos agravados y no por motivos raciales.

El funcionario reclamado para ese cargo ante la oficina dominicana del ACNUR vendrá con la predisposición que resultaría de la inducción que le proporciona el Departamento de Estado, en base a que operará en un país habitado por xenófobos y racistas que promueven linchamiento público y cuyo gobierno despoja a descendientes de extranjeros de su nacionalidad.

Duele saber que ante tal agravio, la Cancillería dominicana no reacciona en defensa del honor y la dignidad de una nación que no merece ni acepta tales ofensas, aunque provengan del país más poderoso del mundo.