El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Charlie Mariotti dijo que la aprobación del proyecto de ley sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito es un instrumento que impedirá que los funcionarios públicos puedan esconder los bienes que ilegalmente se apropiaron del Estado.

Al agotar un turno en la sesión del Senado de la tarde del miércoles en la que reintrodujo esa pieza, el representante de Monte Plata consideró que es tiempo de poner freno a la sustracción de los fondos públicos por parte de los funcionarios.

Como un aspecto fundamental destacó que su iniciativa establece la inversión del fardo de la prueba, es decir que los funcionarios al término de su mandato tendrán que demostrar cómo aumentaron sus ingresos, en caso de que así suceda.

Muchos funcionarios altos y medios han escondido fácilmente los recursos que ilícitamente obtienen en el Estado y andan paseándose libremente por nuestras calles. Llegó la hora de que esa desgracia se acabe aprobando este proyecto de transparencia pública, enfatizó.

Mariotti afirmó que su iniciativa será un instrumento fundamental en la prevención, detección y disuasión contra la corrupción administrativa.

Es vital la aprobación de esta ley que fortalecerá la institucionalidad, promoverá la cultura de la probidad, porque la corrupción atenta contra el Estado de derecho, contra el imperio de la ley, subrayó el senador peledeísta.

Advirtió que si la clase política no actúa y combate y elimina la corrupción, seremos barridos por el pueblo.

Sostiene que la corrupción es corrosiva para la sociedad y que los legisladores y los políticos no pueden traicionar la confianza que en ellos ha depositado la población.

Mariotti enfatizó en que el referido proyecto ayudará a hacer una mejor gestión y de mayor transparencia de los asuntos públicos

Se quejó de que el proyecto sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito ha sido aprobado en dos oportunidades por el Senado, pero ha naufragado en los mares de la Cámara de Diputados. Agregó que el Senado ha dado claras señales de que trabaja para que haya un mejor manejo de los fondos ´públicos

Esta iniciativa del senador Mariotti tiene más de tres años que cursa en el Congreso Nacional.

Castigo

El proyecto de Marotti castiga con prisión de cinco a 10 años el enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios.

Establece un plazo de un mes para que los funcionarios designados presenten su declaración jurada y el mismo tiempo al concluir su posición del cargo.

Uno de los considerandos de la pieza deplora que muchos funcionarios se amparen en mecanismos para burlar una declaración ajustada a la verdad sobre la declaración jurada de sus bienes.

Cámara de Cuentas

El proyecto sobre Declaración Jurada y Enriquecimiento Ilícito crea una unidad especial en la Cámara de Cuentas para la recepción y seguimiento de los contenidos de la declaración.

Esa declaración se hace actualmente ante la Procuraduría General de la República.

La Cámara de Cuentas, según establece la Constitución, es el órgano superior externo de control de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.

Además de examinar las cuentas generales y particulares de la república.

Apoya

El senador del PLD por Santiago, licenciado Julio César Valentín, respaldó la iniciativa de su coleta Mariotti y resaltó la necesidad de impedir que los funcionarios vayan a los cargos públicos a llenarse sus bolsillos en desmedro de los infelices que pagan sus impuestos.

Declaró que espera que esa iniciativa que suscribió con Mariotti sea aprobada antes de que concluya este año para beneficio de la sociedad y la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

UN APUNTE

Invierte el fardo de pruebas

El proyecto sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito invierte el fardo de la prueba. Eso significa que si un funcionario al tomar posesión de un cargo declara un patrimonio determinado y lo incrementa en un porcentaje considerable, tendría que explicar cómo se produjo ese incremento sin que el fisco haya sido beneficiado. La iniciativa establece un plazo de 30 días, a partir del nombramiento para que los funcionarios hagan su declaración jurada de bienes.