La Cámara de Diputados ha rechazado las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto de ley que declara parque nacional a Loma Miranda, por lo que la pieza tendrá que retornar a la Cámara alta con pocas probabilidades de que sea conocida y sancionada el 26 de julio, cuando culmina la presente legislatura.

A pesar de que los senadores aprobaron que ese promontorio ubicado entre los municipios de Bonao y La Vega sea declarado zona de reserva ecológica, una mayoría de 96 diputados votó contra las enmiendas hechas por ese hemiciclo, al considerar que distorsionaba el propósito del proyecto de ley.

Es difícil entender que el Congreso consigne consenso en la aprobación de tan controversial iniciativa, pero que desacuerdos sobre asuntos colaterales o secundarios impidan su conversión en ley, hace pensar que el motivo de ese incidente no sea la contradicción por la redacción del texto, sino por el contenido mismo de ese proyecto.

El debate en torno a la conveniencia o no de la extracción de material mineralizado de Loma Miranda ha tenido un defecto de origen, el de que se ha pretendido ser regentado desde el ámbito político y no desde una óptima técnica, para lo cual se requiere que los mayores exponentes sean quienes puedan demostrar fehacientemente beneficios o perjuicios de la posible explotación de ese promontorio.

A pesar de más de ocho meses de discusión en las cámaras legislativas del proyecto que declara parque nacional a Loma Miranda, los legisladores no han podido transmitir a la ciudadanía de manera clara y precisa las razones por las cuales deba aprobarse o rechazarse esa pieza, aunque la mayoría de la población, como debe ser, se inclina siempre por la protección pura y simple de los recursos naturales.

Ahora resulta que la mayoría legislativa está de acuerdo con prohibir la extracción de minerales de esa loma, pero expresa desacuerdo en la redacción de las letras pequeñas, lo que hace pensar que se está cerca de la locura o de la temeridad ante un tema de gran trascendencia para la economía y el medio ambiente.

Penosamente, República Dominicana carece de una política minera que afiance certidumbre en torno a la seguridad jurídica para la inversión y garantía de preservación de los recursos forestales e hídricos, razón por la cual el tema sobre la pertinencia o no de la explotación minera se transporta en oleaje de intereses políticos, corporativos o acarreados por legiones de ciudadanos que custodian flora y fauna.

El extraño comportamiento de senadores y diputados de aparentar que al mismo tiempo están de acuerdo y en desacuerdo sobre el proyecto de ley que declara parque nacional a Loma Miranda, puede ser una oportunidad para que Gobierno y sociedad retomen tan importante debate en procura de una solución que sea el resultado de la razón y la conveniencia en beneficio de la nación. Cabeza fría, aunque arda el corazón.