Colombia.– Al menos 78 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el primer semestre de 2025 en Colombia, un promedio de una cada dos días, según reveló este jueves el informe ‘La misma receta’ del Programa Somos Defensores.
El estudio registró entre enero y junio de este año un total de 342 agresiones, de las cuales 78 fueron asesinatos, un aumento del 20 % frente al primer semestre de 2024, según datos del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (Siaddhh).
Entre las víctimas se encuentran principalmente líderes comunales, campesinos, indígenas y afrodescendientes, así como personas que defienden causas ambientales o territoriales.
El informe resalta que los liderazgos étnicos y rurales siguen siendo los más expuestos, especialmente en zonas donde se superponen economías ilegales, conflictos armados y disputas por el control político y social.
El Programa Somos Defensores advierte, además, sobre la normalización de las amenazas y la estigmatización de quienes denuncian abusos, lo que, según la organización, «genera un efecto de autocensura y debilita el tejido organizativo de las comunidades».
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El informe cuestiona que el Gobierno colombiano haya reforzado la presencia militar y reactivado bombardeos, pese a su promesa de implementar una política de «seguridad humana» basada en la prevención y la protección de las comunidades.
Estas estructuras, añade, representan un riesgo adicional para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y «riñen con el propósito de la búsqueda de la seguridad humana».
Las regiones con mayor número de agresiones continúan siendo el Catatumbo (noreste), Cauca (suroeste), Nariño (suroeste), Chocó (este) y Arauca (oeste), donde confluyen operaciones militares y la presencia de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de la extinta guerrilla de las FARC y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
El informe recuerda que, en medio de los diálogos de paz entre grupos ilegales y el Estado colombiano, y ceses al fuego parciales, las comunidades siguen atrapadas entre actores armados y con escasa presencia estatal efectiva.
«Los escenarios actuales demandan estrategias más integrales, que escuchen a las comunidades y no repitan recetas militares», concluye el informe, que insta al Gobierno a poner en el centro la protección de la vida y los derechos humanos.
