Cinco gremios de enfermeras anuncian para este lunes un paro de labores por 48 horas en hospitales públicos, que tendría similar efecto perturbador en los servicios que ofrecen esos centros al causado por la huelga médica de tres días que concluyó el jueves, sin que tampoco esa convocatoria logre el propósito de obligar al Gobierno decretar aumentos salariales.
Otros gremios y sindicatos aguardan en fila su turno para emprender paros y huelgas por los mismos reclamos y hasta hay quienes promueven la posibilidad de un paro general de labores, sin entender que el camino de la confrontación conduce a ninguna parte.
El Gobierno ha presentado un proyecto de Presupuesto General y Ley de Gastos Públicos para el 2014 que no incluye la otrora promesa de un incremento general de salarios, ni se consignan partidas para elevar los sueldos de médicos, enfermeras, agrónomos u otros servidores públicos, porque se alega que los ingresos adicionales previstos no alcanzan para satisfacer tales reclamos.
Los gremios de médicos y enfermeras, primeros en convocar a huelgas y paros, han extraviado el imprescindible camino de diálogo que se debe transitar esta vez en el escenario del Congreso Nacional, donde se conoce el proyecto de Presupuesto aprobado por el Consejo de Ministros, el único poder del Estado con prerrogativas para modificar esa pieza de pies a cabeza si fuera necesario.
En vez de ausentarse de los hospitales o de paralizar otros servicios públicos, médicos, enfermeras y otros gremios deberían encauzar sus reclamos hacia el Poder Legislativo y discutir con los congresistas sobre fuentes reales de financiamiento de muy merecidos aumentos salariales.
El diseño del Presupuesto General del Estado tendrá siempre la etiqueta que marcan las prioridades del Gobierno en la ejecución del gasto público que a su vez se sustenta en un estimado de ingresos por vía de tributos, aranceles, donaciones y deuda pública. Corresponde al Congreso garantizar sentido de equidad y de justicia en la confección de ese instrumento de desarrollo.
La paralización de labores, que nunca debería ser en servicios básicos como salud pública, educación, transporte, electricidad y agua, debería siempre conservarse como acciones extremas a las que se acuden cuando se agotan o se cierran otras opciones dialogantes. La verdad es que todavía ningún gremio ha tocado puertas en el Congreso.
Con el cierre de hospitales y escuelas se flagela al pueblo pobre que nada tiene que ver con los reclamos por reivindicaciones laborales de médicos y enfermeras. Es como golpear con un garrote para que sus gritos o quejas atraigan la atención del Gobierno y la sociedad. Lo mejor sería que todos los caminos conduzcan al Congreso, único lugar donde es posible modificar el Proyecto de Presupuesto y de Ley de Gastos Públicos.
