MIRANDA, Colombia, 29 Jun 2012 (AFP) – El estruendo del ‘plomo’ que se lanzan soldados colombianos y guerrilleros llega hasta lo alto del cerro Calandaima (suroeste) sin perturbar al grupo de hombres, mujeres y niños campesinos que se ha adueñado de este punto de interés estratégico para ambos bandos.

Hartos de vivir durante décadas entre dos fuegos, los pobladores se convirtieron en sujetos activos del conflicto al expulsar el 9 de junio al contingente militar que operaba en este cerro del municipio de Miranda (departamento de Cauca).

«Esa mañana nos reunimos unas 1.200 personas. Desde arriba los militares nos gritaban que no teníamos permiso para entrar pero por el monte nos metimos y al ver a tantos (campesinos) tuvieron que marcharse», rememora Cristóbal Guamanga, presidente del sindicato de pequeños agricultores del Cauca.

Los cabecillas de la protesta aseguran que el terreno pertenece a vecinos de la comunidad y que el campamento que montaron con lonas de plástico y casitas de guadua no será desmantelado hasta que el Ejército se retire de los alrededores, y así se enfríe el clima de guerra.

«Los campesinos estamos muy afectados por este conflicto, que se agudizó cuando se montaron bases militares como ésta en nuestro territorio», argumenta a la AFP Carmen Irenia Largo, responsable de la economía del campamento.

La mujer, que reclama que el Ejército le mató un hermano al confundirlo con un guerrillero, teme sobre todo por la huella que deja la guerra en los niños.

«Psicológicamente se están metiendo en el conflicto desde muy jóvenes. Por aquí pasa un helicóptero y cogen palos para hacer como que les disparan», relata. «Ese niño cuando tenga sus 13 o 14 años puede ir al Ejército o a la guerrilla sin que nadie le obligue», agrega.

Antes del desalojo, a los militares se les pidió durante semanas que abandonaran el cerro, recalcan los líderes.

Pero en realidad el Ejército no se marchó del todo. A metros del campamento, cuatro soldados ocupan una trinchera en una esquina del cerro, codiciado por su panorámica de los municipios del Valle del Cauca, incluida su capital, Cali, y de las montañas de la Cordillera Central andina, donde arrecian los combates.

En esta zona de influencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) la principal guerrilla del país, los soldados no gozan de la confianza de las comunidades campesinas.

Les señalan de cometer abusos contra la población y de perseguir el cultivo de coca, principal sustento de muchas familias de la zona.

Tampoco creen que el refuerzo militar pretenda golpear a la guerrilla. Lo consideran un proyecto del gobierno para despejar el área y atraer empresas multinacionales que exploten los recursos naturales.

«Aquí tenemos agua, bosque, minas de mármol, coltán, níquel. De ahí nuestra pelea por conservar esto», explica Guamanga en una reunión a la que se acercan hombres y mujeres que regresan al campamento tras la jornada de trabajo.

La desconfianza es mutua. El Ejército, que defiende que los que piden su salida son una minoría, sospecha que los campesinos fueron enviados al cerro por las FARC para garantizar la movilidad y retaguardia de los rebeldes que bajan al valle a atacar a la tropa.

«Ésa es una apreciación falsa y además peligrosa, porque aquí hay paramilitares y bandas que nos pueden atacar», responde Guamanga.

Los militares no están dispuestos a dejar en manos de la guerrilla a los habitantes de Miranda, Corinto y Caloto, un corredor de pueblos deprimidos donde este año las FARC han cometido atentados explosivos que también alcanzan a civiles.

De esos municipios provienen muchos de los campesinos que se están rotando para mantener activo el campamento en Calandaima, que ya cuenta con luz, energía y, se felicitan, pronto con agua corriente.

Al caer la noche acaba la reunión y la gente se retira a descansar para el próximo día, en el que los hombres volverán al campo, las mujeres se harán cargo del campamento y los niños jugarán a adivinar quién dispara las ráfagas que escuchan a lo lejos.