El Gobierno de Haití anunció la instalación de dos centros de “refugiados” en las comunidades fronterizas de Juana Méndez y Malpasse para acoger a indocumentados haitianos que serán repatriados desde República Dominicana cuando venza el plazo del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

Se presume que esos lugares de acogida servirán para proporcionar cobijo temporal, orientación y asistencia a los ciudadanos de ese país que serían repatriados por no acogerse al referido programa migratorio, sobre los cuales, el Gobierno dominicano ha prometido que recibirán tratamiento humanitario.

El embajador de Haití, Daniel Supplice, admitió el fracaso del programa de Identificación de Inmigrantes que proporcionaría carné de identidad, acta de nacimiento y pasaporte a sus nacionales que residen de manera irregular en territorio dominicano.

A menos de un mes para que expire el Plan de Regularización Migratoria, las autoridades haitianas informan que disponen de unas 60 mil libretas de pasaportes para distribuirlas entre sus indocumentados, a pesar de que durante todo el proceso de inscripción de inmigrantes no fueron ofrecidas.

Todo lo ante expuesto sirve para señalar que Haití está en deber de acarrear propia inobservancia y admitir, además, que el Gobierno dominicano cumplió cabalmente con su obligación de diseñar y ejecutar un programa de Regularización Migratoria, ordenado por una sentencia del Tribunal Constitucional y establecido en la ley.

Ojalá que los centros de acogida o “refugio” que se instalarán en la frontera no sean usados como centros de promoción o divulgación de la vieja farsa de que República Dominicana ejerce xenofobia o que desnacionaliza a nacidos en su territorio de descendencia haitiana.

El Gobierno de Haití está compelido a procurar la rápida inserción en la dinámica social y económica de esa nación de sus ciudadanos repatriados desde República Dominicana o cualquier otro territorio, que por demás, no merecen ser usados como conejillos de Indias en la ejecución de burdas políticas que pretenden presentar al Gobierno y al pueblo dominicanos como los malos de la película.

A lo que se aspira es a que Haití y República Dominicana coordinen todo lo relacionado con posibles repatriaciones de indocumentados en un ambiente de mutua comprensión, respeto irrestricto a los derechos humanos y a la ley de migración.