El Sindicato de Choferes de Transporte Turístico del Este ha tenido un comportamiento grosero, desconsiderado e insensible ante la tragedia acontecida el jueves pasado cuando un autobús repleto de turistas se volcó en la carretera de Bávaro con saldo de cuatro muertos y más de cincuenta heridos.

En vez de lamentar tan penoso suceso, el secretario general de ese gremio acusó al gobierno de pretender condenar “mediáticamente” al conductor del vehículo accidentado, Franklin Nin Pérez, además de advertir que si las autoridades revocan la licencia de ese chofer, los afiliados a esa asociación devolverían sus documentos de conducir.

Hay que ser muy caradura para emitir pronunciamientos desaforados cuando la industria del turismo sufre una crisis de reputación a causa de un trágico accidente de tránsito que enluta no solo a los familiares de las víctimas sino también a toda la sociedad dominicana.

Un sindicato que aglutina a miles de conductores de vehículos turísticos debería ser de los primeros en expresar pesar por la tragedia acaecida, solidaridad con los familiares de los fallecidos y de los heridos, pero el de Transporte del Este ha preferido irrespetar a una colectividad aún adolorida.

Esa gente debería saber que corresponde a un juez valorar las evidencias recolectadas por el Ministerio Público, incluida la de que Nin Pérez conducía a exceso de velocidad y que conforme a análisis que le practicaron en el hospital IMG, habría dado positivo al consumo de cocaína.

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A ese sindicato no se le ocurre en tan infausta ocasión aconsejar a sus miembros a respetar las leyes de tránsito o solicitar asistencia de las autoridades para ejecutar programas de capacitación a sus conductores y evitar en lo posible la ocurrencia de accidente. Ha preferido apelar a pronunciamientos afrentosos.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Tránsito Terrestre (Digesett) tienen la obligación de imponer respeto a la ley de tránsito en todas las autopistas, carreteras, calles y avenidas, sin importar si todos los conductores o choferes resuelven entregar sus licencias.

A los tribunales de la República les corresponde decidir si el conductor del autobús accidentado incurrió en violación a la ley penal, por lo que se rechaza con todo vigor las expresiones desconsideradas, insensibles y chantajistas de ese sindicato, cuyos directivos han sido invitados a que cumplan su amenaza de entregar miles documentos de conducir por ante el director del Intrant.