Un informe del Banco Mundial revela que el promedio de la presión o carga fiscal de República Dominicana durante los últimos diez años ha sido de 13.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del registrado en América Latina, de un 20%. Sólo Guatemala posee un nivel menor de presión fiscal que la dominicana en todo el continente, conforme a ese estudio que resalta que casi una tercera parte de la recaudación tributaria proviene del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y de Servicios (Itbis).

El BM llama la atención porque el sistema tributario dominicano se sustenta en gran medida en impuestos indirectos, lo que limita su progresividad, por lo que se sugiere imponer una mayor carga directa sobre los ingresos.

No se conoce de ninguna economía que experimente crecimiento o que pueda mejorar sus índices de desarrollo humano, sin poseer capacidad para financiar iniciativas públicas que impacten sobre los índices de pobreza y marginalidad.

Ese bajo promedio de presión tributaria, más de seis puntos porcentuales con relación al promedio de América Latina, es en la práctica mucho menor a causa de los elevados índices de evasión y elusión fiscal, así como por las elevadas exenciones y exoneraciones (140 mil millones de pesos) que otorga el Gobierno a particulares.

El informe del Banco Mundial indica que a pesar de las excepciones en la aplicación del Itbis sobre diversos artículos de consumo, el cincuenta por ciento de esas desgravaciones de impuestos e incentivos benefician a los miembros más influyentes de la sociedad.
Gobierno, empresariado y clase política han fracasado en consensuar un pacto fiscal que permita aumentar las recaudaciones y aplicar una política que garantice calidad y transparencia en el gasto publico, por lo que cada vez que se dispara el déficit fiscal, se recurre a apresuradas reformas tributarias.

Se requiere, pues de un gran pacto fiscal que procure que la mayor carga se sustente sobre los ingresos, que se reduzca el gasto tributario del Estado, que los impuestos indirectos reflejen equidad y que el Gobierno se obligue por siempre a prevenir y castigar la corrupción y garantizar uso razonable y eficiente del dinero público.