Código Procesal

Señor director:

La urgente necesidad de modificación que requiere el Código Procesal Penal (CPP), respetando siempre los mandatos constitucionales, representa una tarea impostergable en nuestra sociedad.

La permisividad y las manos blandas de jueces irresponsables que se amparan en este código garantista, digno de mejor interpretación, están llevando al país a un estado de indefensión e impunidad total.

Producto de esta situación, en los dos últimos años, 1,517 acusados de crímenes de narcotráfico, asesinato, violación y violencia de género, andan por nuestras calles sin control de las autoridades.

De este grupo, más de 900 fueron sometidos por narcotráfico, 313 este año y 637 el año pasado, dictándose contra ellos medidas de coerción que, alegremente, han violado. Por esa desobediencia, fueron declarados en rebeldía por el Ministerio Público.

Esta penosa y peligrosa situación seguirá dándose mientras no se aplique prisión preventiva a los acusados de asesinato, narcotráfico y otros crímenes graves que laceran nuestra sociedad.

Quiera Dios que la Cámara de Diputados siga adelante en su proyecto de modificación al Código Procesal Penal, tal como hizo con el Código del Menor, a pesar de grupos defensores de los derechos humanos y de la Iglesia Católica.

Porque, si bien es cierto que el aumento de las penas, per se no resuelve el problema de la delincuencia, por lo menos penaliza con mayor rigor la criminalidad, en lo que se resuelve el problema a fondo.

Hay que apoyar a la Cámara de Diputados en sus trabajos de modificación al garantista para los delincuentes, Código Procesal Penal, y seguir saneando los tribunales de jueces complacientes que, con sus actitudes, se hacen cómplices de la criminalidad.

Atentamente,

Fernando Rodríguez Céspedes

Santo Domingo