Felicitando a Susi

Señor director:

El 22 de noviembre pasado leí en este mismo diario una columna titulada Feminicidios y Estado Cómplice, suscrita por Susi Pola, que denuncia y se queja amargamente de una cruda realidad de las que abundan tanto aquí, que aceleran los latidos del corazón. Como Susi, cientos de personas preocupadas se ocupan de averiguar y denunciar, en síntesis muy apretadas, algunos de los males que apuñalan la dignidad, los valores y derechos fundamentales del ser humano.

Los feminicidios son un grave problema en ascenso desde hace algunos años, ahora desbordados y multicausal. La mortalidad materna de más de cien y los feminicidios más de 200 al año, producen una sumatoria muy alta y acelerada, que plantea un reto para que el Estado asuma su responsabilidad, y más, como opina Susi, cuando una autoridad como la directora de Senasa establece que el 99% de mortalidad materna puede evitarse y que los malos materiales, la incapacidad y desatención de los médicos son sus causantes.

No hay tal progreso en un país donde el Estado, debiendo y pudiendo trabajar para superar tal crueldad, no se hace garante de este derecho natural y fundamental de la vida, y peor cuando, como dice Susi, se convierte en cómplice. Mayor es esta cruda realidad al saber, como se sabe, que su alta incidencia recae en las mujeres más pobres. Esto refleja que, a pesar de las prédicas, los gobiernos dominicanos anidan gran desprecio por la masa desposeída.

Antes de la denuncia de Susi, leí en la página de opinión de este vespertino, que la Organización Panamericana de la Salud reconoce hasta un 15% el número de cesáreas que debe realizarse a las embarazadas, pero que, no obstante, en este país 90 de cada cien parturientas son cesareadas, con lo cual queda establecido que solo diez de cada cien partos son por expulsión natural. En este país cada quien pone su regla, la que más le conviene, y, sobre todo, la que mas recursos le renta. La cesárea es más dañina para la mujer pero más rentable para el médico.

El Estado, a través del Ministerio de Salud, no cumple con normas fundamentales, ni siquiera por el carácter internacional que las reviste. El primer derecho es la vida, y huelga que haya que reclamarle al Estado su estricta vigilancia y obligatorio cumplimiento. Felicitaciones a Susi y al editorial de ambas fechas.

Atentamente,

Lic. Santiago Martínez

Santo Domingo