Carta oculta

De nuevo ha sido pospuesta la tercera ronda del Diálogo Bilateral Domínico Haitiano que debió celebrarse mañana en la comunidad de Jacmel. Haití ha pedido la suspensión de tres convocatorias con diferentes alegatos, el último de los cuales se refiere al cambio de miembros del gabinete, incluido al canciller. No se niega pertinencia a los motivos expuestos para solicitar tres veces de manera consecutiva la suspensión de la tercera ronda de diálogo que se efectuaría inicialmente el 20 de marzo, pero llama la atención que coinciden con la advertencia de la Comunidad del Caribe (Caricom), de no participar en ese encuentro hasta que el presidente Danilo Medina presente el borrador del proyecto de Ley de Naturalización.

Mientras Haití acopia excusas para rehuir al diálogo, el gentilicio dominicano es severamente zarandeado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exige al Gobierno que otorgue nacionalidad de manera administrativa a unos 210 mil “afro descendientes”, que alega han quedado en condición de apátridas a causa de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. El Gobierno haitiano reconoce la prerrogativa soberana del Estado dominicano para fijar los alcances de la nacionalidad y legislar sobre el tema migratorio, pero parece jugar una carta oculta que privilegia la presión sobre el diálogo, de otra manera no se entiende las posposiciones de una tercera ronda de negociaciones bilaterales.

Haití y República Dominicana tienen mucho de qué hablar, por lo que una agenda dialogante debería incluir, además del tema migratorio, cooperación y compromiso mutuo sobre comercio, medio ambiente, sanidad y seguridad fronteriza, así como inversión conjunta, con financiamiento internacional sobre proyectos de desarrollo que impacten a ambos lados del Masacre.

Es claro que el Poder Ejecutivo no puede ni tiene intención de desacatar la sentencia del Tribunal Constitucional ni de violar la Carta Magna, por lo que de antemano debe advertirse a los vecinos y a las gendarmerías imperiales que ningún tipo de presión oculta o abierta hará cambiar la dirección de lo dispuesto por el juez de control constitucional.

Lo mejor sería que todo lo relacionado con la agenda domínico haitiana retorne al fuero de la Cancillería, a los fines de despojar a ese expediente del nivel de excepcionalidad que se le ha conferido y aguardar el momento cuando Puerto Príncipe decida que ha lugar al ejercicio de un diálogo bilateral digno de vecinos que promueven cooperación sin lesionar sus respectivos ordenamientos jurídicos.

El Gobierno dominicano no debería estar expuesto al vaivén de una agenda oculta como la que se maneja desde Haití, porque para dialogar se requiere de voluntad y buena fe de todas las partes, sin cartas entre las mangas.