Derecho a la defensa

Señor director:
República Dominicana está concebida como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundada en el respeto de la dignidad humana, los derechos humanos y la separación e independencia de los poderes públicos. El núcleo jurídico de nuestro país reside en la efectividad y prevalencia de los derechos fundamentales y sus garantías consagrados en nuestras leyes: sustantiva y adjetiva. De lo que resulta, que la arbitrariedad no es ni debe ser tolerada por nosotros, los ciudadanos conscientes.

En el caso Odebrecht, desde el principio, el Ministerio Público ha violentado la presunción de inocencia, y más grave aún, ha presentado acusaciones contra ciudadanos (Jesús Vásquez, Andrés Bautista…) sin previamente informarles las razones fácticas y jurídicas de la imputación que pesan en su contra y sin brindarles la oportunidad de presentar defensa sobre los presuntos hechos que se les imputan
Nuestra Carta Magna consagra la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva como derechos y garantías fundamentales, siendo función esencial del Estado la protección efectiva de ellos.

En ese sentido, el Código Procesal Penal, artículo 19, prevé que “desde que se señale formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible, toda persona tiene el derecho de ser informada previa y detalladamente de las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra”.

Asimismo, la jurisprudencia comparada, en la decisión Barreto Leyva vs. Venezuela de la CIDH estableció que “impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos, es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada”.

Con responsabilidad moral, ética y cívica, no podemos permitirle al Ministerio Público desarrollar un proceso que transgreda los derechos fundamentales ni los principios procesales de los imputados al esconder cargos contra otras personas, fraccionar pruebas y ocultar imputaciones pues se les está privando de la posibilidad de defenderse y de contradecir las tipificaciones que pesan en su contra.

El respeto y la garantía de los derechos fundamentales es una obligación de todos los poderes públicos, inclusive del Ministerio Público y, en el ámbito de los jueces, es su deber salvaguardarlos, incluso de oficio.

Atentamente,
Omar Ramos Camacho