Involución judicial

Señor director:
Un apretado balance sobre las ejecutorias y desempeño del Poder Judicial en el 2018 nos llevan a calificarlo como el año de la involución judicial, destacándose como retos y males de la justicia dominicana la creciente percepción de descrédito y baja valoración, la falta de tribunales, jueces rehuyendo sus responsabilidades en casos de lavado de activos y narcotráfico, sanciones solo disciplinarias para los jueces que incurren en faltas y prevaricación judicial, un presupuesto deficiente, la mora judicial en los tribunales inferiores y hasta en la propia suprema corte de justicia, con retrasos promedios de más de 10 años, afectando la seguridad jurídica, poniendo en cuestionamiento el estado de derecho y violando el derecho fundamental del acceso a la justicia.

La Fundación Justicia y Transparencia ha clamado por más presupuesto para el Poder Judicial. La falta de recursos sigue siendo, entre otras dificultades, el Talón de Aquiles de la administración de justicia, en consecuencia, con la imposibilidad material de cumplir con las exigencias legales y reivindicativas del sistema judicial.

La justici, es el poder del estado con mayores retos legales, y consecuentemente institucionales, todo ello de cara a las exigencias constitucionales y a la ambiciosa reforma judicial en curso, con la constitución y el cambio de los códigos, además de la obligación de crear y modificar varias leyes.

Es al Poder Judicial a quien le corresponde establecer los nuevos tribunales contenciosos administrativos de primera instancia por mandato de la constitución, lo que evidentemente supone disponibilidad presupuestaria, lo mismo ocurre en la jurisdicción penal con la necesidad de suplir conforme la desbordante carga procesal, la creación de más tribunales colegiados de primera instancia, entre otros tantos apremios y responsabilidades de carácter administrativo.

Si no se dota al Poder Judicial de los recursos necesarios para asumir los nuevos retos de las reformas concretadas y en curso, tendremos entonces cada vez menos seguridad jurídica, y un poder del estado sin capacidad para cumplir su rol y funciones, en detrimento incluso de la gobernabilidad democrática y paz social.

Los jueces tiene que aplicar mano dura contra la delincuencia y el crimen organizado, y es lamentable la percepción que en la actualidad persiste sobre una justicia venal y deficiente.

Atentamente,

Trajano Vidal Potentini