Pacto Eléctrico

Señor director:
La fallida convocatoria a firma del Pacto Eléctrico perseguía legitimar contratos sin licitaciones con los grandes generadores, amparados en el poder especial que el Poder Ejecutivo le otorgó a Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

La convocatoria y la posterior posposición confirman que el Gobierno procuraba la legitimación “del turbio proceso de Punta Catalina-Odebrecht y el nuevo poder que le ha entregado el presidente Danilo Medina a Rubén Jiménez Bichara, para realizar nuevas contrataciones sin licitaciones y compras para el sector eléctrico.
El 31 de agosto pasado el Poder Ejecutivo otorga poder especial para que, en nombre y en representación del Estado dominicano, suscriba con las empresas de generación eléctrica dominicanas que así lo soliciten, aquellos contratos, acuerdos o documentos que se determinen necesarios para que esas empresas puedan convertir sus unidades de generación a gas natural.

El Sector Social se ha opuesto a la firma del Pacto Eléctrico cuyo objetivo fundamental es “blindar la corrupción y la impunidad existentes en la construcción de Punta Catalina”.

La posposición indefinida del Pacto Eléctrico es una derrota al enclave público-privado constituido por el Gobierno y la cúpula del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) que pretende continuar haciendo negocios ilegales en el sector eléctrico a expensa de la población.

El país debe estar alerta y tener mucho cuidado con los potenciales beneficiarios de los nuevos negocios con las Edes y que pretenden aprovechar la discusión del Pacto Eléctrico para potenciar sus intereses y posibilidades de inversión y procurando ahora que se haga un traje a la medida de sus propósitos.

El documento que sería firmado en el acto del Palacio Nacional es un invento de último minuto que no fue acordado por nadie ni por ninguna instancia establecida por los reglamentos.

Hace más de un año que no se realiza una sola actividad institucional del Pacto y el Comité Técnico de Apoyo no produjo este documento, el cual debía ser conocido antes por la plenaria del Pacto para su sanción y posterior asunción por el Poder Ejecutivo.

Se convocó a la firma de un documento que nadie conocía ni nadie había consensuado, con la finalidad de hacer politiquería desde el discurso del Presidente de la República, el próximo 27 de febrero.
Atentamente,