Discriminan jubilados
Señor director:
Los jubilados y pensionados de Educación son de los peor tratados del microsistema dominicano, a tal punto que no se suele mantener apoyo a este personal, ni siquiera de los compañeros activos de un mismo estamento de la cartera educativa.
Salvo una disposición del presidente Medina de llevar a 15 mil pesos mensual a los maestros/as que devengaban menos de este monto, no se conoce ninguna medida en beneficio de este personal, que en ocasiones ha sido vejado, olvidado y hasta discriminado.
Nadie reconoce que ese personal en su momento fue tan importante como el que más del que está activo en el sistema de la cartera educativa y en cualquier otra institución.
Olvidan que el pensionado lo es porque pierde la capacidad para el trabajo productivo, y el jubilado por antigüedad en servicio. Veamos: Con efectividad en febrero de 2016, el exministro de Educación, Carlos Amararte Baret dispuso un aumento salarial de 10% para los jubilados y pensionados que devengaban más de 15 mil pesos mensuales, disposición que fue aplicada por el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial a la nómina a su cargo.
Pero nada hizo para que se le aplicara a más de 2000 pensionados y jubilados que cobraban por Hacienda. Según los afectados, Inabima se negó hacerlo, y hasta negó su cooperación a tales fines.
La ADP, encabezada por Eduardo Hidalgo, tampoco hizo nada para que se cumpliera tal disposición en beneficio de sus colegas educadores, y al contrario, bajo los efectos de la petulancia dejó plantado, 2 veces, una comisión que para ese caso había concertado una cita.
Desde abril pasado, ese personal que cobraba por Hacienda los días 18 de cada mes, le comenzaron a pagar tardío, por otra institución que no se sabe cuál es.
El asiento natural de ese personal es Inabima, pero ha hecho como los padres irresponsables que abandonan a sus hijos, y prefirieron discriminar entre jubilados y pensionados con igual derecho. Tan despreciado son que en ocasión de aumento general de salario, salvo excepción, no lo toman en cuenta.
En el caso de Educación ni siquiera cumplen con lo que la ley 66/97 manda en beneficio de los jubilados y pensionados.
Visiblemente disgustados rechazan estos vejámenes de parte de las autoridades de educación, de ADP y de Inabima, y añaden, que por esa injusticia y la carestía de los insumos, la miseria que devengan, no les alcanza para la medicina que consumen.
Atentamente,
Lic. Santiago Martínez