Un pacto nacional

Señor director:
La coyuntura política actual es propicia para que las fuerzas políticas de oposición y los oficialistas que se oponen a los aprestos reeleccionistas de una parte del partido oficial, se unan alrededor de un dirigente político o un extrapartido, que sea llevado como candidato unitario en las elecciones del 2020, a los fines de crear una especie de gobierno de transición en base a una agenda concertada.

Dentro de la agenda se debería incluir una serie de puntos dirigidos a fortalecer nuestra débil institucionalidad democrática y crear un verdadero sistema social donde impere el debido respeto a la ley, ya que en nuestro país como todo el mundo sabe, cualquier persona con poder político o económico se puede colocar si quiere por encima de las leyes.

Las autoridades gubernamentales que resulten de la concertación sugerida deberán comprometerse a gobernar durante 4 años sin aspirar a repostularce, bajo ningún concepto.

Desde el gobierno deberán cumplir con la agenda acordada, elaborar y poner en práctica un verdadero plan para hacer frente al creciente deterioro de la seguridad pública que vive el país, así como tomar las medidas pertinentes para reducir el tráfico de influencia, el culto a la personalidad y hacer que cada funcionario se someta más que a los caprichos de los incumbentes de turnos a cumplir con las funciones que le señalan las leyes.

Entre los puntos que deberá contener la agenda común se encuentran:

– Nombrar un fiscal anticorrupción que sea seleccionado por una terna consensuada por las bancadas de los partidos representados en el Senado de la República, quienes deberán presentarla a la Cámara de Diputados para su aprobación. Previamente deberá establecerse mediante una modificación constitucional que el fiscal anticorrupción deba ser aprobado por el 75% de la totalidad de los diputados que componen ese hemiciclo. Que tenga una duración de 7 años en sus funciones y presupuesto propio.

– Independizar el Procurador, nombrado de la misma manera que el fiscal anticorrupción, pero por un periodo de 6 años.

– Modificar la Cámara de Cuentas para que su composición dependa menos del Poder Ejecutivo; crear una Cámara de Cuentas Municipal que se encargue de fiscalizar a los ayuntamientos; que la próxima reforma constitucional establezca que sólo pueda ser reformada por el 75% de los miembros electos de la Asamblea Nacional.

Atentamente,
Manuel Andújar