Vecindarios contaminados

Señor director:

Los países vecinos, Haití, Puerto Rico y República Dominicana, han estado inmersos cuasi al mismo tiempo en movilizaciones masivas en rechazo al problema común de la corrupción administrativa, aunque en Dominicana y Haití más que en Puerto Rico. En las tres comunidades, el repudio, con coraje y determinación han exigido transparencia, respeto y justicia para sus pueblos.

En Dominicana la gran demanda fue la no continuidad forzosa que auspiciaba el presidente Danilo Medina haciendo modificar la Constitución, solo para abrirle paso a él y a sus enfurecidos promotores. En los tres conglomerados nacionales, los más altos mandos han estado vinculados y comprometidos con el destripador y asqueroso tema de la corrupción, cuya consecuencia ha afectado sensiblemente a sus respectivas poblaciones.

En Haití fue necesario una decena de muertos, decenas de heridos y otros efectos colaterales, para lograr enjuiciar a unos cuantos malversadores del dinero de ese pueblo modelo de hambre y de miseria. Puerto Rico, que todavía no se repone de los efectos de los ciclones María y José, sufre el alejamiento del bienestar y la impotencia de la miseria con incidencia de culpa de su inepto gobernador, que según ellos dilapidaron la ayuda llegada de los pueblos más solidarios de este continente, principalmente de su capataz mayor que es Estados Unidos, y por demás, sufre la desvergüenza, el descaro, la burla irresponsable de su gobernante local, con su maltrato verbal y escrito abierto al mundo contra varios sectores de su Puerto Rico.

Igual que en Dominicana pero con más determinación, los puertorriqueños rechazan el endeudamiento foráneo, bajo la sospecha del despilfarro del dinero del pueblo.

En la patria de Duarte, durante semanas se vivió incertidumbre, temor e indignación por el cerco policiaco militar impuesto por el gobierno al Congreso de la República, acompañado del retrogrado espionaje en plena casa del poder legislativo, todo porque el presidente Medina, sus legisladores y sus funcionarios pretendían imponer contra la voluntad del pueblo una modificación constitucional, solo para legalizar la continuidad del presidente, más allá del 2020.

La lucha por la reelección a cualquier precio no era revolucionaria ni patriótica, sino por la continuidad de la corrupción con compra de legisladores de otras parcelas políticas al precio de decenas de millones de pesos por cada voto.

Implicaba más corrupción dentro y fuera del congreso, más pillaje y prevaricación al estilo Punta Catalina en las dependencias del Estado con apoyo del gobierno.

Atentamente,
Lic. Santiago Martínez