Vistas públicas

Señor director:
La Cámara de Diputados debe celebrar vistas públicas sobre el contrato entre la multinacional estadounidense Apache Corporation y el Estado dominicano para explorar y explotar hidrocarburos en uno de los bloques de la cuenca marítima de San Pedro de Macorís, cuya introducción fue anunciada por el ministro Energía y Minas, Antonio Isa Conde.

El Comité Nacional de Lucha sobre el Cambio Climático estima que el pueblo dominicano tiene derecho a ser escuchado y a decidir sobre el destino de sus recursos naturales, sobre el tipo de economía que debe prevalecer, sobre el uso del suelo y del subsuelo, y sobre aspectos que vulneran y ponen en peligro la soberanía nacional.

El contrato de la multinacional Apache Corporation compromete gravemente recursos naturales y al medio ambiente por la forma cómo serán explotados estos recursos, y desconoce la legislación tributaria del país.
Antes que nada el Congreso debe examinar la legitimidad y la legalidad del resultado de la licitación en la que se ofertó este modelo de contrato que contiene concesiones onerosas al interés y a la soberanía nacional y contrarias a la Ley 11-92 sobre Código Tributario.

Ahora se pretende que el Congreso Nacional le otorgue este contrato a la única empresa que participó en la licitación celebrada el 27 de noviembre pasado, en Houston, Texas, EUA, en vez de haberla declarado desierta “como lo dicta el apego a la transparencia y a las buenas prácticas”.

La sociedad dominicana debe discutir y decidir antes de que se firme este contrato con Apache Corporation o con cualquier otra petrolera, “si está de acuerdo o no con permitir la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio y en las aguas marítimas de la República”.

La actividad de extracción de fósiles como el petróleo y el gas natural, causan grandes y catastróficos impactos en el medio ambiente y sobre el terreno que la hace incompatible con otras actividades importantes para la vida de la población y la economía nacional como son la agropecuaria y el turismo, “especialmente en una frágil plataforma insular como la nuestra”.

La decisión de introducir en el país la industria de extracción de petróleo y de gas natural amerita, por su transcendencia, riesgos y por ser explícitamente contraria a la descarbonización de la economía nacional que ordena la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, 1-12, que se convoque un referendo bajo el amparo del artículo 210 de la Constitución de la República.

Atentamente,
Enrique de León