Fuera del bien entramado sistema de registro de datos del sistema financiero internacional, que incluye a los clientes, por supuesto, están los terceros, ajenos a las operaciones, sin importar que sean gobierno, grandes o pequeños. Como plataforma de comunicación privada, la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication [SWIFT], es decir, la Sociedad para las Comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales, ha diseñado una serie de mensajes denominados MT, que permiten a los bancos en todo el mundo comunicarse entre ellos e intercambiar información financiera con seguridad y de forma fiable.
Existen, desde luego, sus excepciones a las reglas del celoso sistema financiero, que no incluyen a gobiernos y gobernantes con sus aprehensiones. La Ley Patriótica, USA Patriot Act, de Estados Unidos, propone en sus artículos 324 a 328 fórmulas universales de verificación y represión de las actividades financieras y comerciales con potenciales inversionistas y compradores, para prevenir el lavado de activo a favor del terrorismo, en operaciones basadas en dólar estadounidense, en euro y en otras monedas duras.
El artículo 326 se refiere a la verificación de la identidad. Establece, en este punto, la identificación y verificación de los titulares de cuentas bancarias en todo el mundo, sin excepción. Según los requisitos previstos en este inciso, el Secretario del Tesoro [ ] dictará los normas mínimos para las entidades financieras y sus clientes con relación a la identidad del cliente, las cuales serán de aplicación en relación con la apertura de cuentas en entidades financieras.
En ese orden, ya el Tesoro se había ocupado previamente de preparar un par de instrumento esencial para las indagaciones y depuración oportuna, como establecen las normas de bancarias y de comercio exterior. Se trata de una Hoja de Información del Cliente (CIS, para sus siglas en ingles) y Origen de Fondos. Instrumento al que le huyen, como el diablo a la cruz, los políticos envueltos en escándalos financieros.
Este requisito podría formar parte de la debida diligencia, the due diligence, que garantice la seguridad, equidad y transparencia de un proceso indagatorio como el que ha emprendido la candidata vicepresidencial del PLD, Margarita de Fernández, a los fines de librarse del escándalo desatado con la denuncia de una cuenta de 43 millones de euros en un banco danés.

